Debido a un fallo en el suministro eléctrico ocurrido a finales de abril, la Junta de Castilla y León amplía hasta el 6 de mayo los plazos para trámites administrativos, tributarios y de contratación pública afectados por la incidencia.
El pasado 28 de abril, una importante interrupción en el suministro eléctrico afectó a la región de Castilla y León, provocando serios trastornos en el funcionamiento de las oficinas y plataformas digitales de la Administración autonómica.
Esta incidencia, que ocurrió alrededor del mediodía, dejó sin servicio a numerosos ciudadanos que intentaban realizar trámites administrativos, presentar solicitudes o gestionar obligaciones tributarias en línea.
La afectación se prolongó durante varias horas, dificultando la normalidad en los procesos administrativos y causando retrasos en la atención ciudadana.
Desde la historia de la administración pública en España, la gestión eficiente y el acceso a los servicios digitales han sido una prioridad, especialmente desde la implementación de la Ley 39/2015, conocida como la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Esta normativa establece que, en caso de incidencias técnicas que imposibiliten el funcionamiento normal de los sistemas electrónicos, los plazos para realizar trámites pueden ser ampliados por la Administración para garantizar los derechos de los ciudadanos.
En este contexto, la Junta de Castilla y León, consciente de los inconvenientes generados por el apagón, ha decidido tomar medidas para remediar la situación.
La Consejería de la Presidencia ha publicado una orden que extiende hasta las 23:59 horas del 6 de mayo todos los plazos que vencían entre el 28 y el 29 de abril, incluyendo solicitudes, comunicaciones, obligaciones tributarias y procedimientos en materia de contratación pública.
Este tipo de incidentes no son aislados en la historia de la gestión pública española. La dependencia de las infraestructuras eléctricas y tecnológicas ha sido un factor clave en la eficiencia administrativa desde hace décadas. La crisis del sistema eléctrico en 2006, por ejemplo, afectó a varias comunidades autónomas y llevó a la revisión de protocolos para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Asimismo, en 2019, una tormenta eléctrica dejó sin electricidad a varias regiones del país, afectando la atención en los servicios públicos digitales.
La experiencia acumulada enseña que la preparación ante fallos tecnológicos y las medidas de contingencia, como la ampliación de plazos administrativos, son fundamentales para garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar perjuicios mayores.
La decisión de la Junta de Castilla y León también busca fortalecer la confianza en la administración digital y asegurar que los procedimientos no queden paralizados por eventos fortuitos.
La orden será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) y en la Sede Electrónica de la administración, para que toda la ciudadanía esté informada.
En conclusión, la reciente caída del sistema eléctrico ha puesto en evidencia la necesidad de contar con mecanismos que permitan garantizar la continuidad de los servicios públicos, incluso en situaciones imprevistas.
La ampliación de los plazos administrativos hasta el 6 de mayo es un paso importante en esa dirección, demostrando la capacidad de adaptación y la sensibilidad de la administración hacia las dificultades de los ciudadanos en momentos de crisis tecnológica.
