El Ayuntamiento de Valencia solicita al Gobierno central la suspensión del nuevo decreto que afecta a los profesionales veterinarios y a la atención animal, además de proponer una reducción del IVA en productos veterinarios y campañas de sensibilización.
El Ayuntamiento de Valencia ha dado un paso significativo en defensa de los derechos de los profesionales veterinarios y del bienestar animal al solicitar formalmente al Gobierno de España la suspensión inmediata del Real Decreto 666/2023, publicado en julio de 2023, que regula la distribución, prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios.
La moción, aprobada en la sesión plenaria de abril, denuncia que esta normativa se ha transpuesto de manera precipitada y sin un diálogo previo con los sectores afectados, lo que ha generado una gran preocupación entre los profesionales del sector.
El concejal Juan Carlos Caballero, responsable de la Oficina municipal de Bienestar Animal, expresó en el pleno que esta regulación impone cargas burocráticas excesivas y restringe la libertad profesional de los veterinarios, además de poner en entredicho el bienestar animal.
Según su análisis, la entrada en vigor del artículo 39.1 del decreto, a partir del 2 de enero de 2025, obliga a los veterinarios a realizar notificaciones electrónicas en plazos muy estrictos y con un volumen de datos que complica su trabajo diario.
Este decreto, aunque tiene la finalidad de controlar el uso de antimicrobianos para evitar resistencias, ha sido criticado por profesionales del sector que consideran que criminaliza su labor y limita el acceso a tratamientos para animales de compañía no identificados.
La normativa también ha generado controversia porque reduce la autonomía de los veterinarios y, en muchos casos, dificulta la atención clínica, con lo que se pone en riesgo el bienestar animal.
Además, en la misma moción, el Ayuntamiento ha solicitado una regulación que aplique un IVA reducido en productos y servicios veterinarios, actualmente gravados con un 21%, equivalente al IVA español, que en la zona euro varía entre el 17% y el 21%.
La propuesta busca aliviar la carga económica de los propietarios de animales y promover una atención veterinaria más accesible. Este punto ha sido apoyado por el Grupo Compromís, que también ha propuesto campañas informativas en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios para fomentar la esterilización responsable de perros y gatos en la ciudad.
Por otro lado, la moción también ha contado con la oposición de algunos grupos políticos, como el PSOE, que ha destacado que estas decisiones no dependen directamente del Ayuntamiento y que la regulación del IVA corresponde a la política fiscal del Estado.
Sin embargo, el pleno ha coincidido en que la Administración local debe defender los intereses de sus ciudadanos y profesionales, y en ese sentido, ha aprobado la reducción del IVA y las campañas de sensibilización.
La polémica en torno a la decreto también ha contado con la participación de veterinarios clínicos, que han manifestado su rechazo a la normativa por considerar que no ha sido suficientemente consensuada y que perjudica la salud animal y la profesionalidad veterinaria.
Desde diferentes sectores, se ha pedido también que se modifique la regulación para facilitar la labor del sector y que se garantice el bienestar de los animales.
Este conflicto se enmarca en una serie de debates en toda Europa sobre la regulación de medicamentos veterinarios, que busca equilibrar la protección de la salud pública y animal con la autonomía de los profesionales y la accesibilidad a tratamientos.
La Unión Europea ha establecido en 2019 una normativa que busca reducir las resistencias antimicrobianas, pero algunos países, como España, han transpuesto estas medidas de manera que generan controversia y resistencia en el sector veterinario.
En este contexto, el Ayuntamiento de Valencia continúa trabajando en propuestas para mejorar la regulación, defendiendo la necesidad de un diálogo real con los profesionales y de políticas que prioricen el bienestar animal, la salud pública y la justicia fiscal.
La esperanza es que, mediante el diálogo y la colaboración, se puedan alcanzar soluciones que beneficien tanto a los animales como a los profesionales y propietarios de mascotas en la ciudad.
