El gobierno mexicano impulsa cambios en la legislación y refuerza las estrategias para combatir la extorsión, incluyendo la persecución de oficio y el apoyo a las víctimas, en un esfuerzo por reducir este delito que afecta a muchas familias.
Se trata de un Proyecto de Decreto que busca modificar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, con el objetivo de que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General contra la Extorsión que permita su persecución de oficio, sin necesidad de que la víctima interponga la denuncia.
Supuestamente, esta propuesta surge como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que desde el domingo 6 de julio ha implementado medidas concretas para combatir este delito.
Entre ellas, la habilitación del número telefónico 089 para que las víctimas puedan denunciar de manera anónima y las unidades especializadas de investigación puedan actuar de oficio.
La iniciativa busca que el Estado mexicano asuma un papel más activo en la persecución de los extorsionadores, protegiendo a las víctimas y garantizando que los delitos no queden impunes.
Este enfoque, presuntamente, pretende cambiar la percepción de la víctima como único responsable de denunciar, promoviendo una mayor intervención institucional.
La Presidenta afirmó en la conferencia matutina conocida como “La mañanera” que “la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”.
Además, agregó que con esta reforma se busca que todos los estados del país legislen en concordancia con la norma general, facilitando una respuesta coordinada y efectiva.
La gravedad de la #extorsión en México ha tenido repercusiones económicas
Supuestamente, la gravedad de la extorsión en México ha tenido repercusiones económicas, sociales y psicológicas que justifican estas medidas. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, explicó que la ley permitirá utilizar herramientas de investigación más eficaces, bajo principios de colaboración institucional y coordinación entre diferentes niveles de gobierno.
La propuesta también busca que las investigaciones no dependan únicamente de la denuncia de la víctima, sino que puedan iniciarse de oficio por las autoridades.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la Estrategia Nacional contra la Extorsión se basa en cinco ejes fundamentales: el uso del número 089, la cancelación inmediata de las cuentas telefónicas usadas en estos delitos, la apertura de denuncias en fiscalías estatales, el despliegue de células de inteligencia y la investigación en unidades especializadas contra secuestro y extorsión.
En paralelo, México ha visto una tendencia a la baja en los homicidios dolosos, alcanzando en el primer semestre de 2025 su nivel más bajo en nueve años, con una reducción del 24.5 por ciento en promedio diario de homicidios en comparación con septiembre de 2024. La autoridad informó que en los últimos meses se lograron detener a más de 25 mil personas, aseguraron miles de armas y drogas, y desmantelaron más de mil laboratorios en todo el país, en un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad.
Supuestamente, estas acciones forman parte de un plan integral que busca reducir la violencia y mejorar la calidad de vida en México. La estrategia también incluye campañas de sensibilización, fortalecimiento de las instituciones de #justicia y mayor colaboración internacional. La iniciativa para reformar la Constitución y crear una Ley General contra la Extorsión es vista como un paso decisivo en la lucha contra uno de los delitos que más afecta a la población, especialmente a las familias de bajos recursos.
El compromiso del gobierno, presuntamente, es claro: proteger a las víctimas, desmantelar las redes de extorsión y crear un entorno más seguro para todos los mexicanos.
