La Junta destina 4,8 millones de euros para apoyar a personas en riesgo de exclusión social

La Junta de Castilla y León ha dado un paso significativo hacia la garantía de vivienda para las personas en situación de vulnerabilidad, al anunciar una inversión de 4,8 millones de euros en un programa destinado a ofrecer soluciones habitacionales a colectivos en riesgo de exclusión social.

Este anuncio fue realizado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el marco de la II Jornada de Exclusión Residencial celebrada en la sede del Consejo Económico y Social (CES).

Este programa, que se inició en 2023, se enmarca dentro del Real Decreto 42/2022, del 18 de enero, y busca ofrecer alternativas de vivienda digna a aquellos que más lo necesitan.

Con un enfoque claro en la protección social, la iniciativa permite cubrir tanto el alquiler de las viviendas como los gastos asociados a su uso, de manera que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a un hogar adecuado.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es que se han establecido ayudas que pueden alcanzar hasta 600 euros mensuales para el pago del alquiler, además de una prestación adicional de hasta 200 euros para cubrir gastos básicos.

Esta ayuda se puede conceder de manera directa por un periodo máximo de cinco años, lo que asegura que los beneficiarios puedan acceder a estos recursos de manera rápida y eficiente.

Hasta la fecha, la Junta ha formalizado acuerdos con varias entidades sin ánimo de lucro, como Cruz Roja, Cáritas y Fundación INTRAS, para garantizar que estas ayudas lleguen efectivamente a los colectivos a los que están destinadas.

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Con una inversión total que asciende a 4.845.475 euros (aproximadamente 4,8 millones de euros), este programa busca ser una herramienta clave en la lucha contra la exclusión social.

Durante su intervención, Suárez-Quiñones destacó la importancia de garantizar el acceso a una vivienda digna en condiciones de igualdad, subrayando que este programa representa un avance fundamental para las personas en situación de especial vulnerabilidad.

Además, enfatizó que la Junta de Castilla y León está firmemente comprometida con la justicia social y la igualdad de oportunidades, buscando construir una sociedad más inclusiva y cohesionada.

Históricamente, la política de vivienda en Castilla y León ha estado marcada por la necesidad de adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas y sociales.

En los últimos años, la Junta ha destinado más de 750 millones de euros en diversas actuaciones relacionadas con la vivienda, incluyendo ayudas al alquiler y programas de rehabilitación energética.

Este enfoque integral es crucial para atender las necesidades de las familias con escasos recursos y mejorar su calidad de vida.

El parque público de alquiler social ha ido en aumento, alcanzando ya más de 3.000 viviendas, y se prevé que este número se eleve a 4.700 para el año 2027, lo que demuestra el compromiso de la Junta en proporcionar soluciones habitacionales a quienes más lo necesitan. Con estas acciones, la Junta de Castilla y León refuerza su papel como un actor clave en la promoción de políticas que buscan erradicar la exclusión social y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos.