La Junta de Castilla y León solicitará en la próxima Conferencia de Presidentes que se incluya un debate sobre la situación de las infraestructuras energéticas, ferroviarias, de transporte y telecomunicaciones, además de promover avances en el modelo de financiación autonómica y otros asuntos de interés nacional.
La Junta de Castilla y León ha anunciado que propondrá en la próxima Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar el 6 de junio en Barcelona, la inclusión de un punto dedicado a la crisis y el futuro de las infraestructuras estratégicas en España.
Esta iniciativa busca que las comunidades autónomas y el Gobierno central unan esfuerzos para afrontar los desafíos en los ámbitos energéticos, ferroviarios, de transporte y telecomunicaciones, sectores que han enfrentado múltiples dificultades en los últimos meses.
La situación de estas infraestructuras ha sido motivo de preocupación en toda España, especialmente tras las sucesivas crisis que han afectado la calidad y la seguridad de los servicios.
Por ejemplo, las interrupciones en la red eléctrica, que en ocasiones han provocado apagones en varias regiones, evidencian la fragilidad del sistema.
A nivel ferroviario, las averías y las reducciones en frecuencias de trenes, junto con la desaparición de ciertos servicios de autobús, han impactado la movilidad de miles de ciudadanos.
Además, los cortes de cobertura móvil y las deficiencias en las conexiones de banda ancha han dificultado la comunicación y el acceso a servicios digitales esenciales.
Estas problemáticas no solo afectan la vida cotidiana de las personas, sino que también tienen un impacto económico significativo. La falta de inversión y la mala planificación en estos sectores han provocado retrasos en proyectos de modernización y mantenimiento, generando una sensación de desconexión entre las administraciones y la ciudadanía.
Históricamente, España ha experimentado ciclos de inversión y recortes en infraestructuras, pero en los últimos años la tendencia ha sido de deterioro progresivo, especialmente en zonas rurales y menos pobladas.
Castilla y León, con una extensión de más de 94.000 km² y una población que supera los 2.4 millones de habitantes, ha sido particularmente sensible a estos problemas. La región ha sufrido cortes frecuentes en el suministro eléctrico en zonas rurales y la reducción de frecuencias en trenes de cercanías, lo que dificulta la movilidad laboral y social.
La Junta considera imprescindible que el Estado y las comunidades establezcan un consenso para garantizar la continuidad y la calidad de estos servicios, además de adaptarse a los avances tecnológicos y los retos medioambientales.
Otra de las propuestas de la Junta es retomar el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. La última vez que se abordó este tema fue a finales del año pasado, pero desde entonces no se han registrado avances concretos. La Junta considera esencial que las entregas a cuenta y los mecanismos de reparto de fondos sean justos y tengan en cuenta las particularidades de cada región.
Además, se solicitará la discusión sobre la condonación de la deuda autonómica, posición que la Junta de Castilla y León rechaza en los términos planteados por el Gobierno central, ya que considera que una condonación generalizada perjudica la igualdad entre ciudadanos de distintas comunidades.
Por otro lado, la Junta también insistirá en la necesidad de fortalecer los controles en las fronteras nacionales y en la gestión de la inmigración, competencias que corresponden al Estado.
La preocupación surge ante los recientes anuncios de cesión de estas competencias a algunas comunidades, lo que genera incertidumbre y la necesidad de clarificar las responsabilidades.
Finalmente, Castilla y León abordará también los problemas relacionados con la sanidad, en particular el déficit de personal sanitario en especialidades críticas, y continuará promoviendo la inversión en educación y vivienda.
La región apuesta por un sistema educativo que incluya la financiación total de la educación infantil de 0 a 3 años, y busca que el Estado participe activamente en su financiación, dada su carácter obligatorio.
En materia de vivienda, la Junta considera prioritario coordinar esfuerzos para garantizar el acceso a una vivienda digna, enfrentando desafíos como la escalada de precios y la escasez de oferta inmobiliaria, además de abordar específicamente el problema de la ocupación ilegal, para proteger los derechos de los propietarios.
El consejero Luis Miguel González Gago ha expresado su esperanza en que estas propuestas sean bien acogidas por el Ministerio y el resto de comunidades, resaltando que la Conferencia de Presidentes debe ser un espacio de diálogo constructivo y consenso.
La intención es que estos acuerdos tengan un impacto real en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la colaboración entre las diferentes administraciones públicas, fortaleciendo así el modelo de cooperación institucional en España.
