El gobierno mexicano realiza un censo en todo el país para regularizar 933 mil viviendas, abordando problemas históricos y beneficiando a millones de familias en situación vulnerable.
El gobierno de México, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y la Secretaría de Bienestar, ha iniciado un ambicioso censo nacional con el objetivo de regularizar un total de 933 mil viviendas en todo el país.
Este esfuerzo busca resolver problemas históricos relacionados con la tenencia de viviendas, muchas de las cuales fueron construidas en condiciones precarias o con servicios insuficientes, y que en muchos casos han quedado en el olvido o en juicios masivos.
Hasta el 5 de mayo, se han censado aproximadamente 48 mil viviendas, de las cuales el 87 por ciento están habitadas y el 13 por ciento desocupadas. La estrategia del gobierno busca esclarecer la situación de cada vivienda, identificando cuáles están abandonadas, ocupadas por quienes solicitaron el crédito inicialmente, o en manos de terceros.
Esto permitirá tomar decisiones que garanticen el derecho a la vivienda sin afectar a las familias vulnerables.
Históricamente, el problema de la vivienda en México tiene raíces profundas que se remontan a las décadas de 1970 y 1980, cuando una rápida urbanización y políticas de vivienda masiva generaron asentamientos informales y viviendas sin servicios adecuados.
Muchas de estas viviendas, en la actualidad, enfrentan problemas de adeudo, vandalismo o están en procesos legales complicados. La regularización busca darles un estatus legal, además de ofrecer opciones de renta o adquisición a las familias en vulnerabilidad.
El director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que muchas viviendas fueron construidas en zonas alejadas, con poca planificación y sin infraestructura básica, en un intento por atender la demanda de vivienda de los trabajadores.
Sin embargo, en algunos casos, estas construcciones se convirtieron en focos de problemas sociales y económicos. Por ello, el programa de regularización contempla diversas soluciones, como la reestructuración de créditos, con la reducción de tasas y cuotas, y esquemas de arrendamiento social con opción a compra.
Ampliación del programa Mi Primera Vivienda en Madrid
La Comunidad de Madrid ha ampliado el programa Mi Primera Vivienda incorporando cuatro nuevas entidades financieras a las tres ya existentes, lo que facilitará a los jóvenes menores de 35 años acceder a la compra de un piso con una hipoteca de hasta el 95% del valor. Descubre más detallesEl censo se realiza en todos los estados de la República, con la participación de mil 632 servidores públicos distribuidos en 255 zonas y en mil 62 municipios.
La Secretaría de Bienestar ha destacado que esta labor permitirá tener un diagnóstico claro del estado de las viviendas y definir acciones concretas para su regularización.
Se estima que, con estas acciones, se beneficiarán directamente a millones de familias que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informó que el programa de Vivienda para el Bienestar tiene como meta construir 1.1 millones de viviendas en un sexenio, además de entregar apoyos y escrituras que beneficien a más de 13 millones de personas. En 2025, se planea construir 186 mil viviendas y otorgar 300 mil créditos de mejoramiento, generando millones de empleos directos e indirectos.
El gobierno también ha puesto en marcha el programa de congelamiento de créditos, que ya ha beneficiado a más de 4 millones de créditos impagables, con reducciones en tasas y saldos.
Este mes, 240 mil créditos recibirán beneficios automáticos, y en julio, otros 500 mil experimentarán disminuciones en tasas y mensualidades.
A través de estas acciones integrales, el gobierno busca reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda, resolver conflictos legales existentes y fortalecer la economía social de las familias mexicanas.
La regularización de estas viviendas forma parte de un compromiso por garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos en todo el territorio nacional, en un esfuerzo conjunto para construir un país más justo y equitativo en materia habitacional.
