La Ciudad de Buenos Aires anuncia un paquete de ayudas para evitar el cierre de centros especializados en la atención a personas con discapacidad, enfrentando dificultades económicas y retrasos en la actualización de tarifas.

Buenos Aires se prepara para brindar un respaldo crucial a las instituciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad, en un contexto donde muchas de ellas enfrentan una crisis financiera que podría poner en riesgo su continuidad.

La Municipalidad anunció una serie de medidas destinadas a apoyar a estos espacios fundamentales para la población con discapacidad, en medio de una situación agravada por la falta de actualización en los aranceles y el aumento de los costos operativos.

En primer lugar, la Ciudad entregará un subsidio extraordinario equivalente al 24% de la facturación mensual de 142 instituciones, incluyendo Centros de Día, centros educativos terapéuticos, hogares y residencias que brindan apoyos intensivos.

Este apoyo financiero, estimado en aproximadamente 1.680 millones de pesos argentinos (unos 16 millones de euros), se entregará en dos cuotas para garantizar la continuidad de los servicios y evitar su cierre.

La iniciativa responde a la necesidad de mantener la atención a los casi 6,000 personas con discapacidad y alto grado de dependencia que dependen de estos espacios para su cuidado y desarrollo.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: “Contamos con 142 instituciones en riesgo debido a la falta de actualización del nomenclador nacional y a la escalada de costos.

Desde la Ciudad, decidimos actuar con rapidez, porque ninguna de estas instituciones puede cerrar y dejar a estas personas sin atención especializada”.

Por otro lado, la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, destacó la importancia de estos centros, asegurando que “estamos hablando de 5.900 personas que requieren cuidados permanentes y apoyo constante para vivir con dignidad. Además de la atención directa, estas instituciones acompañan a sus familias en los desafíos diarios, lo que las convierte en un pilar fundamental de la comunidad”.

Adicionalmente, se presentará un proyecto de ley ante la Legislatura para la exención de Ingresos Brutos y la condonación de deudas a las organizaciones dedicadas en exclusiva a la atención de personas con discapacidad.

Esta medida busca aliviar la carga financiera y permitir que las instituciones puedan seguir operando sin obstáculos.

Asimismo, la Ciudad incrementará la línea de financiamiento denominada ‘Fortalecimiento de la Sociedad Civil’, destinada a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el área de discapacidad.

El monto total de esta línea de apoyo se elevará a 500 millones de pesos argentinos (aproximadamente 4,8 millones de euros), buscando reforzar sus capacidades y promover nuevas iniciativas.

Estas acciones forman parte de un plan integral para responder a la emergencia social que enfrentan estas instituciones, muchas de las cuales operan en un marco de retraso en la actualización de tarifas fijadas por el Gobierno nacional.

La situación se vio agravada por la inflación y el incremento de costos en servicios básicos, insumos y personal, que han puesto en jaque su sostenibilidad.

Históricamente, la atención a la discapacidad en Argentina ha sido un tema prioritario, pero en los últimos años, el crecimiento de la demanda y la falta de recursos adecuados han evidenciado la necesidad de una intervención urgente.

La Ley 24.901, que regula los servicios, fue sancionada en 1997 y establece derechos y obligaciones para garantizar la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidad.

Sin embargo, la actualización de los aranceles y la asignación de recursos ha quedado rezagada, provocando que muchas instituciones funcionen con dificultades.

Con estas medidas, Buenos Aires busca no solo proteger a las instituciones, sino también fortalecer el entramado social que permite que personas con discapacidad puedan vivir con mayor autonomía y calidad de vida.

La iniciativa refleja un compromiso por parte de la administración local de afrontar las desigualdades y asegurar que ningún espacio dedicado a la atención de estas personas cierre por motivos económicos, en un esfuerzo por construir una sociedad más inclusiva y equitativa.