Limitaciones de Ancestry.com dificultan la resolución de asesinatos históricos mediante genealogía genética

La #investigación criminal enfrenta un nuevo obstáculo en su búsqueda de esclarecer asesinatos que quedaron pendientes durante años: la plataforma de genealogía #Ancestry.com restringe el acceso de las fuerzas del orden a su banco de datos si no hay una orden judicial. Esta modificación, anunciada en las últimas semanas, complica la tarea de trazar árboles genealógicos a partir de muestras de ADN de escenas del crimen y de localizar posibles sospechosos a través de parientes lejanos.

La tecnología de #genealogía genética ha sido, desde hace varios años, una pieza clave para resolver #casos fríos que parecían irresolubles. Grandes ficheros de información pública, que combinan actas de nacimiento, defunciones, matrimonios e inmigración, se convirtieron en fuentes accesibles para trazar linajes y situar a posibles culpables en un árbol genealógico.

En particular, las investigaciones en Estados Unidos destacaron por su impacto, ahora documentado en decenas de casos resueltos años después.

Un ejemplo significativo fue la identificación del llamado “Asesino del Estado Dorado” en 2018, un hito que impulsó el uso de análisis de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) para obtener rasgos y antecedentes de ascendencia más allá de lo que permiten las pruebas convencionales de ADN.

Esa técnica permitió a las autoridades convertir coincidencias parciales en pistas convincentes, acercándose a la identidad del agresor a través de familiares lejanos.

A partir de entonces, la combinación de genealogía y pruebas forenses se convirtió en una práctica habitual para desbloquear casos extintos, aunque no exenta de retos técnicos y legales.

Sin embargo, la reciente directriz de Ancestry.com marca un cambio de alcance: sin una orden judicial, las investigaciones ya no podrán recurrir al repositorio de perfiles de ADN de la empresa. Aunque la compañía mantiene que el acceso a datos abiertos de código abierto sigue disponible, la restricción en el acceso a la versión de pago introduce una carga adicional para los detectives.

El resultado práctico es que la búsqueda de parientes en bases de datos extendidas, que antes podía requerir una sola revisión, ahora podría exigir múltiples búsquedas en distintas plataformas y un tiempo más prolongado para construir un árbol genealógico complejo.

Para las unidades de casos fríos, este cambio llega en un momento en que ya se calculaba que cientos de casos habían sido resueltos gracias a la genealogía genética.

Una revisión publicada por medios estadounidenses registraba que, desde 2018, se han resuelto más de mil cuatrocientos casos gracias a estas técnicas.

Aunque la cifra incluye logros significativos, también subraya lo laborioso de cada avance: la conexión entre una víctima y su presunto agresor suele requerir la verificación de múltiples parentescos y la compatibilización de un enjambre de perfiles con distintos niveles de información pública y privada.

Las autoridades han enfatizado que el acceso a datos de genealogía debe equilibrarse con salvaguardas de privacidad

En el caso de Ontario, Canadá, y otras jurisdicciones, las autoridades han enfatizado que el acceso a datos de genealogía debe equilibrarse con salvaguardas de privacidad.

A finales de 2025, la Comisionada de Información y Privacidad de Ontario propuso una serie de medidas para regular el uso de estas herramientas por parte de la policía, reforzando controles y procedimientos para minimizar errores y posibles invasiones de la intimidad.

Expertos en bioética subrayan que la transparencia debe ser un componente central: el uso de la genealogía genética puede ser una herramienta poderosa para detectar criminales graves, pero debe evitarse su uso indebido para fines ajenos a la investigación o para fines de control social excesivo.

Las agencias policiales de Montreal y Toronto han señalado que, si bien las restricciones complican las indagaciones, no las hacen imposibles. En Toronto, por ejemplo, la unidad de casos fríos que utiliza genealogía mantiene que todavía es posible trabajar con datos de código abierto y registros no restringidos, pero advierte que las tareas se vuelven más laboriosas y que el tiempo para resolver un caso puede incrementarse notablemente.

Las autoridades señalan también que el marco normativo exige que, cuando sea necesario, se obtenga una orden judicial para recurrir a bases de datos de pago, lo que implica un paso adicional en la cadena de permisos.

Las familias de las víctimas, por su parte, expresan sentimientos encontrados. Por un lado, valoran la posibilidad de encontrar respuestas y cerrar heridas que duraron décadas; por otro, temen que la nueva norma reduzca la velocidad de las investigaciones y, con ello, la probabilidad de lograr justicia con prontitud.

Una de las voces más visibles en este debate proviene de quienes han vivido el dolor de ver a un ser querido, como Erin Gilmour, asesinada en 1983, y de quienes vieron a un agresor arrestado años más tarde gracias a técnicas de genealogía.

Relatos como el de esa familia dan cuenta de la compleja balanza entre avanzar en la ciencia forense y proteger la #privacidad de los ciudadanos.

A nivel práctico, la industria y los comités de #ética insisten en que, aunque las herramientas de genealogía pueden ser extremadamente útiles para resolver crímenes, deben usarse con salvaguardas que eviten abusos y protejan datos sensibles.

En este marco, se discuten estrategias para ampliar las fuentes disponibles, reforzar la cooperación entre plataformas y garantizar que cualquier acceso a bases de datos de ADN esté sujeto a controles judiciales y regulatorios claros.

Y, sobre todo, se subraya la necesidad de capacitación continua y revisión pública de estas prácticas para mantener la confianza de la ciudadanía en la investigación criminal y sus herramientas.

Nota: En el texto original no se reportaron cifras monetarias específicas, por lo que no resulta necesario efectuar conversiones de moneda. Si en futuros reportes se incluyeran costos o inversiones vinculadas a estas plataformas, se podrían expresar en euros a partir de las tasas de cambio vigentes en ese momento para mantener la consistencia financiera.

En cualquier caso, la prioridad de las autoridades es garantizar que la tecnología sirva para la justicia sin vulnerar #derechos fundamentales.