El gobierno de Nueva York firma una ley que garantiza a los consumidores recuperar fondos retenidos indebidamente por compañías energéticas, alineando las regulaciones con estándares de protección al usuario y previniendo abusos en el sector.
El gobernador de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la firma de una nueva legislación diseñada para mejorar la protección de los consumidores en el sector energético y asegurar que las compañías de servicios energéticos (ESCO, por sus siglas en inglés) no retengan indebidamente fondos que les corresponden a los clientes.
Esta ley surge en un contexto en el que las prácticas de algunas empresas en el sector han sido motivo de preocupación, especialmente en cuanto a la retención de reembolsos y depósitos no reclamados.
Históricamente, las compañías energéticas en Estados Unidos han estado reguladas por leyes que buscan proteger a los usuarios, pero en muchos casos, las compañías han aprovechado lagunas legales para retener fondos sin justificación.
En particular, las ESCOs, que ofrecen servicios energéticos a particulares y empresas, a menudo cambian de clientes o abandonan el mercado, dejando fondos en manos de la empresa sin que los clientes puedan reclamarlos fácilmente.
La legislación que ahora se firma en Nueva York busca poner fin a estas prácticas, alineando las normativas de las ESCO con las de las empresas de servicios públicos tradicionales.
El gobernador Hochul afirmó: “Nunca dejaré de luchar por reducir los costes para las familias — por eso firmo esta ley que ayudará a bajar las facturas de energía, protegerá a los consumidores y responsabilizará a las compañías de servicios energéticos”.
La nueva ley garantiza que, cuando la Comisión de Servicios Públicos ordene a una ESCO devolver fondos a un cliente, esta no pueda retener esos fondos indefinidamente.
En cambio, si la compañía no logra contactar al cliente después de múltiples intentos, los fondos serán entregados al Estado, que se encargará de devolverlo a los propietarios legítimos.
El presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Nueva York, Rory M. Christian, comentó: “Estas acciones refuerzan la tradición de Nueva York en protección al consumidor y aseguran cambios importantes que evitan que las compañías energéticas se aprovechen de los residentes.
Antes de esta ley, las ESCOs que abandonaban el mercado tenían poco incentivo para devolver fondos no reclamados. Ahora, estas empresas deberán cumplir con procedimientos claros, y los fondos no reclamados se canalizarán de manera efectiva”.
Una de las principales mejoras que trae esta legislación es que los fondos no reclamados, como depósitos o pagos por adelantado, deberán ser reportados y remitidos al Estado si permanecen sin reclamar durante más de dos años.
Esto se aplica tanto a las ESCOs como a las compañías de servicios públicos tradicionales, incluyendo las que operan en Nueva York en el sector de electricidad y gas natural.
Además, la ley obliga a las ESCOs a publicar avisos públicos sobre depósitos, pagos anticipados o reembolsos abandonados, y a remitir cualquier fondo no reclamado al Tesoro estatal antes del 10 de octubre de cada año.
Desde que entró en vigor esta legislación, se espera que la recuperación de fondos por parte de los consumidores sea mucho más sencilla. El Estado mantiene una base de datos en línea y realiza campañas de información para que los usuarios puedan localizar y reclamar sus fondos fácilmente.
Actualmente, en Nueva York operan más de 150 ESCOs, que atienden a aproximadamente 900,000 clientes de electricidad y 700,000 de gas natural. En el último año, más de cuatro empresas de este tipo han visto revocada su autorización para operar en el estado debido a incumplimientos o prácticas abusivas.
En definitiva, esta nueva normativa representa un avance importante en la protección de los derechos de los consumidores en el sector energético, garantizando transparencia y justicia en la devolución de fondos y poniendo fin a prácticas que, durante años, perjudicaron a miles de hogares y empresas en Nueva York.
La legislación también refleja un compromiso histórico del estado con la regulación y el control de las empresas energéticas, en línea con la tradición de protección al consumidor que caracteriza a Nueva York desde principios del siglo XX.
