El gobierno mexicano impulsa una reforma en el sector de las telecomunicaciones para conectar a millones de mexicanos sin acceso a internet, promoviendo mayor competencia y colaboración público-privada.
La reciente aprobación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México marca un paso decisivo hacia la expansión de la conectividad en el país.
Con el objetivo principal de integrar a aproximadamente 15 millones de mexicanos que actualmente carecen de acceso a internet, esta reforma busca fortalecer la infraestructura, promover la competencia y garantizar derechos fundamentales en el ámbito digital.
Históricamente, México ha enfrentado desafíos en la cobertura y calidad del servicio de telecomunicaciones. Antes de la implementación de programas como Conectividad para el Bienestar, solo el 92% de la población vivía en zonas con cobertura, dejando a millones en comunidades rurales y localidades remotas sin acceso a servicios digitales básicos.
La expansión de infraestructura durante la administración anterior, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, logró conectar a más de 128 mil localidades, beneficiando a cerca de 61 millones de personas, pero aún quedan sectores vulnerables.
Con la nueva ley, se pretende no solo ampliar la cobertura, sino también garantizar igualdad de condiciones para todos los actores del sector. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá la facultad de ofrecer servicios de internet en zonas sin cobertura, en igualdad de condiciones con las empresas privadas, algo que en otros países como Brasil ya se ha adoptado con éxito.
Esta estrategia busca reducir la brecha digital, especialmente en regiones alejadas y comunidades indígenas, donde la conectividad es aún escasa.
Otra de las innovaciones de la ley es la transferencia de funciones relacionadas con la competencia económica a una nueva Comisión Antimonopolio que se creará en la Secretaría de Economía.
Esto permitirá una regulación más especializada y efectiva para evitar monopolios y promover un mercado más competitivo. Además, la ley mantiene y refuerza derechos fundamentales, como el acceso a información veraz y la promoción de radios comunitarias, que son esenciales para fortalecer la identidad cultural y la participación social.
El espectro radioeléctrico, recurso clave para las telecomunicaciones, también será compartido de manera más eficiente. Se facilitará el acceso a operadores comunitarios y sociales, quienes podrán conectarse a las redes existentes y aprovechar infraestructura compartida, reduciendo costos y eliminando barreras regulatorias.
Asimismo, se promoverá el uso del espectro para fines no comerciales, como la educación, investigación y automatización, en línea con el Plan México, que busca impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.
El nuevo marco regulatorio también contempla medidas para simplificar los trámites y homologar procedimientos para el despliegue de infraestructura, facilitando la instalación de antenas y cableado en zonas rurales y urbanas.
Se establecerán derechos para los usuarios, como la posibilidad de utilizar dispositivos abiertos con tarjetas SIM de cualquier proveedor y la recarga de saldo en diversos establecimientos, fortaleciendo la competencia y la libertad de elección.
En materia de seguridad, se implementarán controles para bloquear señales en centros penitenciarios, evitando el uso indebido de teléfonos celulares.
Además, se crearán órganos colegiados con independencia técnica, conformados por consejeros propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, para asegurar una regulación transparente y efectiva.
En síntesis, esta reforma en las telecomunicaciones busca transformar el panorama digital en México, promoviendo un acceso más amplio, equitativo y seguro para toda la población.
La apuesta del gobierno es que, en los próximos años, la conectividad deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho universal, impulsando el desarrollo social, económico y cultural del país.
