La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Congreso revisará una iniciativa para prohíbir que gobiernos o entidades extranjeras financien mensajes discriminatorios en medios de comunicación, reafirmando la soberanía mexicana.

En un paso importante para fortalecer la soberanía y la integridad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en los próximos días enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de prohibir expresamente que gobiernos o entidades del extranjero financien campañas de propaganda que contengan mensajes discriminatorios.
Este anuncio surge en un contexto donde el país ha enfrentado diversas presiones internacionales en materia de comunicación y publicidad. La presidenta destacó que, si bien promover la cultura, el turismo o la imagen de una ciudad desde el extranjero es legítimo y forma parte de la interacción global, no se puede permitir que recursos de otros países se utilicen para difundir mensajes que atenten contra los derechos humanos o fomenten la discriminación.
La propuesta busca reponer en la ley un artículo que fue eliminado en 2014 durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Dicho artículo establecía que los concesionarios y permisos de radiodifusión en México no podían transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que sus medios fueran utilizados para influir en los asuntos internos del país.
Este cambio legal es visto como una respuesta a casos concretos que generaron controversia en el pasado. Por ejemplo, en 2024, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió múltiples quejas por la transmisión de mensajes discriminatorios en spots publicitarios provenientes de entidades extranjeras.
Uno de los casos más destacados fue un anuncio de una figura de la política estadounidense que contenía expresiones consideradas ofensivas y que promovían estereotipos dañinos.
La iniciativa también hace referencia a los artículos 1, 2, 223 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que refuerzan la prohibición de toda forma de discriminación en los servicios de comunicación y establecen que la programación difundida debe promover valores artísticos, históricos y culturales, así como la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos.
Este tipo de regulaciones no es nuevo en México. Desde la década de los 90, el país ha buscado equilibrar la libertad de expresión con la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, la historia también muestra que en ciertos periodos, la regulación ha sido flexibilizada, lo que en algunos casos ha permitido la circulación de mensajes que fomentan la división social.
La iniciativa que ahora será presentada al Congreso busca no solo reforzar estas normativas, sino también enviar una señal clara de que México respetará su soberanía frente a influencias externas que puedan socavar la convivencia pacífica y la igualdad social.
La presidenta anunció que, además de la propuesta legal, se realizarán campañas de sensibilización para que los medios y los anunciantes comprendan la importancia de promover mensajes responsables.
En conclusión, esta medida reafirma el compromiso del gobierno mexicano de proteger la dignidad de sus ciudadanos y mantener el control sobre el contenido que circula en sus medios, asegurando que la comunicación en el país esté alineada con los principios de igualdad, respeto y soberanía nacional.