La Comunidad de Madrid ha aprobado un Estatuto que regula los derechos y beneficios de expresidentes y miembros del Consejo de Gobierno tras su cese, alineándose con otras comunidades autónomas y el Estado.
Esta medida, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno tras completar su tramitación administrativa y con informes favorables de los servicios jurídicos y la Comisión Jurídica Asesora, responde a la necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica a estas figuras.
El nuevo Estatuto madrileño, que entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, establece un modelo más austero, restrictivo y transparente en comparación con otros regionales.
Además, contempla una previsión económica mucho menor que la de otras comunidades autónomas, situándose en un nivel más acorde con la situación presupuestaria de la región.
Presuntamente, el coste total de estos beneficios para la Comunidad de #Madrid sería de unos 200.000 euros anuales, equivalente a aproximadamente 220.000 euros en moneda europea, y refleja un compromiso con la austeridad y la eficiencia.
En cuanto a los derechos y privilegios de los expresidentes, el Estatuto les reconoce un tratamiento de excelencia y un lugar protocolario justo por encima de los consejeros en los actos institucionales.
Además, quienes hayan sido máximos dirigentes durante al menos dos años podrán disponer, durante los dos años posteriores a su cese, de medios personales y materiales para ejercer su representación institucional.
Si su mandato fue superior a cuatro años, estos derechos se extienden a cuatro años tras su cese, incluyendo apoyo logístico y un servicio de vehículo con conductor.
Así como medios en las dependencias de la Comunidad de Madrid
Supuestamente, esta asistencia incluye la posibilidad de contar con dos personas de apoyo para sus actividades oficiales, así como medios en las dependencias de la Comunidad de Madrid.
También podrán prestar servicios de asesoramiento a solicitud del Gobierno regional. Estos beneficios, que ya son comunes en varias comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y Galicia, buscan fortalecer la presencia institucional de los exdirigentes y facilitar su labor en actividades relacionadas con la región.
En materia de compensaciones económicas, los ex altos cargos podrán solicitar una cantidad mensual durante un máximo de dos años, que equivaldría al 80% de sus retribuciones en el cargo, correspondiente a unos 1.600 euros mensuales en euros. Presuntamente, esta medida busca evitar incompatibilidades con otras actividades y reducir los costos para la administración regional. Sin embargo, el Estatuto no contempla pensiones de jubilación ni compensaciones por cese, diferenciándose de normativas en comunidades como País Vasco o Cataluña.
Por otro lado, los expresidentes que hayan ocupado el cargo durante al menos dos años y hayan accedido desde el inicio de la legislatura podrán ser designados vocales en la Comisión Jurídica Asesora, con un mandato que inicialmente será de seis años, ampliable a 12 en ciertos casos.
En Madrid, en línea con otras regiones, estas retribuciones no serán fijas, sino que consistirán en dietas por asistencia, cuya cuantía será determinada por la Consejería de Hacienda.
El nuevo marco también regula la figura de los exconsejeros, quienes tendrán reconocimiento de tratamiento de excelencia y podrán acceder a servicios de protocolo y seguridad, siempre que el Ministerio del Interior lo considere necesario.
