La región aprueba un decreto que moderniza y fortalece el acceso a la justicia gratuita, ampliando funciones y aumentando la inversión en servicios jurídicos sin coste para los ciudadanos.
Esta normativa busca simplificar y fortalecer el acceso a la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental garantizado por la Constitución Española y que en Madrid ha visto un incremento en su demanda en los últimos años.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico continúa en su línea de facilitar los trámites administrativos para los ciudadanos. Por ejemplo, el formulario de solicitud de asistencia ahora es más claro y accesible, incluyendo versiones en lectura fácil para asegurar que todos puedan comprender los requisitos y procedimientos.
La intención es que los servicios públicos sean más transparentes y cercanos, promoviendo una mayor participación ciudadana en la protección de sus derechos.
El Decreto también amplía las funciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, órgano encargado de reconocer y gestionar este derecho.
La normativa se adapta a la legislación estatal vigente, fortaleciendo la coordinación entre las instituciones y garantizando una mejor atención a las personas que necesitan asistencia jurídica gratuita.
Asimismo, el texto detalla de forma más precisa las tareas de los colegios profesionales en la prestación de estos servicios, asegurando su correcto desempeño y calidad.
Entre las novedades, se incluyen procedimientos económicos y de indemnización para los profesionales que participan en el turno de oficio, además de actualizar diversos módulos y criterios de actuación.
677 personas en la #Comunidad de Madrid se beneficiaron del sistema de asistencia jurídica gratuita
En 2024, un total de 70.677 personas en la Comunidad de Madrid se beneficiaron del sistema de asistencia jurídica gratuita, cifras que reflejan un aumento en la demanda en comparación con años anteriores.
Para atender esta necesidad, el Gobierno regional ha incrementado su presupuesto en un 13%, alcanzando aproximadamente 53,7 millones de euros. Si se consideran también los servicios complementarios, como la orientación jurídica, la representación procesal y el turno de oficio, la inversión total supera los 58 millones de euros, aproximadamente 54 millones de euros en moneda europea.
Este aumento en la financiación refleja el compromiso del Ejecutivo madrileño con la defensa del acceso a la #justicia como un derecho universal, especialmente en un contexto donde la población demanda cada vez más servicios gratuitos para garantizar su protección legal.
La historia de la asistencia jurídica en España se remonta a las reformas de los años 80, cuando se estableció por primera vez un sistema nacional de tutela jurídica gratuita, con el objetivo de garantizar que ninguna persona fuera privada de su derecho a la defensa por motivos económicos.
Desde entonces, diferentes comunidades autónomas, incluyendo Madrid, han ido adaptando y perfeccionando estos servicios para responder a las necesidades sociales.
