La Comunidad de Madrid ha sido galardonada por su pionero proyecto de facilitadores judiciales, un servicio gratuito y público que ayuda a las personas con discapacidad en procesos judiciales, marcando un precedente en España.
La Comunidad de Madrid ha sido reconocida hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su innovador proyecto de servicio público y gratuito de facilitadores judiciales.
Este reconocimiento llega en un momento en que la región se posiciona como pionera en la regulación y puesta en marcha de profesionales especializados en asistir a personas con discapacidad durante sus procedimientos judiciales.
La iniciativa, que fue aprobada en el Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2024, establece los requisitos, principios de actuación y el proceso de designación de estos facilitadores.
Estos profesionales deben ser licenciados o graduados en áreas como Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional.
Además, deben completar una formación específica de al menos 100 horas, centrada en las particularidades del apoyo en el ámbito judicial. La creación de este servicio público y gratuito forma parte del protocolo de peritos judiciales y se desarrolla bajo la coordinación de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).
Desde su implementación en 2024, ya se han acreditado más de 150 profesionales para desempeñar estas funciones.
Este proyecto tiene una importancia crucial en el contexto jurídico y social del país. La figura del facilitador judicial garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía.
La iniciativa busca eliminar barreras y facilitar la comprensión de los procesos judiciales, promoviendo una justicia verdaderamente inclusiva.
Es importante destacar que la Comunidad de Madrid ha sido la primera administración pública en España en definir y regular esta figura, estableciendo un marco legal claro y un proceso de acreditación riguroso.
La normativa aprobada no solo regula los requisitos académicos y de formación, sino también los principios éticos y de actuación de los facilitadores, asegurando que su labor sea ética, imparcial y centrada en el respeto a los derechos de las personas atendidas.
El reconocimiento del CGPJ, en la XII edición de los Premios Calidad de la Justicia, destaca la importancia de este tipo de iniciativas para mejorar el acceso a la justicia y promover una sociedad más inclusiva.
La inversión en formación y en la creación de estos puestos refleja el compromiso de la Comunidad de Madrid con la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
En términos económicos, el coste de la formación y acreditación de cada facilitador ronda los 1.200 euros, lo que en conjunto representa una inversión significativa en la mejora del sistema judicial. Sin embargo, el impacto social y la calidad del servicio que ofrecen estos profesionales resulta invaluable, especialmente en un país donde aproximadamente un 6% de la población tiene algún tipo de discapacidad.
Este avance en la región madrileña se enmarca en una tendencia global hacia la inclusión y la accesibilidad en todos los ámbitos sociales y jurídicos.
La experiencia y el modelo implementado en Madrid podrían servir de ejemplo para otras comunidades autónomas y países, que buscan garantizar una justicia más equitativa y respetuosa con la diversidad.
De cara al futuro, se espera ampliar la formación y el número de facilitadores, así como seguir perfeccionando los protocolos de actuación. La comunidad también contempla la incorporación de nuevas tecnologías para facilitar aún más la labor de estos profesionales y mejorar la atención a las personas con discapacidad en los procesos judiciales.
Sin duda, esta iniciativa marca un antes y un después en la atención judicial a personas con discapacidad en España, consolidando a la región como un referente en inclusión y justicia accesible.
