Numerosas corporaciones en Estados Unidos están modificando o cancelando sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), en medio de una creciente resistencia política y social. A pesar de estos cambios, el compromiso con la diversidad en el entorno laboral continúa, adaptándose a una nueva realidad política y económica.
En los últimos años, la agenda de diversidad, equidad e inclusión (DEI) ha sido un punto central en la transformación del mundo laboral en Estados Unidos.
Sin embargo, en los últimos meses, muchas de las principales empresas del país han comenzado a reducir o incluso a cancelar sus programas en esta materia, en un contexto marcado por una fuerte resistencia política y un cambio en las prioridades gubernamentales.
Desde Walmart hasta Meta Platforms, las gigantes del mercado estadounidense han anunciado ajustes en sus políticas de diversidad. En algunos casos, han eliminado metas específicas de contratación basada en la raza o el género, y en otros, han reducido el alcance de programas de capacitación enfocados en la inclusión.
Estos movimientos reflejan una tendencia que comenzó a gestarse desde la llegada de la administración del presidente Donald Trump en 2017, quien desde su primer día en la Casa Blanca emitió órdenes ejecutivas para limitar las iniciativas de DEI en el sector público y presionó a las empresas privadas a seguir su línea.
Históricamente, la lucha por la igualdad en el ámbito laboral en Estados Unidos ha tenido raíces profundas que se remontan a principios del siglo XX, con movimientos sindicales y legales que buscaban frenar la discriminación racial y de género.
En las últimas décadas, estas luchas se intensificaron con la creación de leyes y políticas que promovían la diversidad en las corporaciones. Sin embargo, en 2020, tras el asesinato de George Floyd, un movimiento masivo en favor de la justicia racial llevó a muchas empresas a implementar programas ambiciosos para aumentar la representación de minorías.
Estos esfuerzos lograron avances significativos: entre 2020 y 2022, la cantidad de ejecutivos negros en las principales empresas del índice S&P 100 aumentó aproximadamente un 27%.
No obstante, la corriente conservadora que se opone a las políticas de DEI ha comenzado a consolidarse, argumentando que estas prácticas fomentan la discriminación inversa y afectan la meritocracia.
En 2023, las cifras mostraron un descenso en la participación de ejecutivos negros, que cayó en torno a un 3% respecto al año anterior, en un contexto de retroceso para la diversidad.
La administración del expresidente Trump ha sido clave en este proceso, ya que sus acciones han ido en contra de las políticas de inclusión, incluyendo la eliminación de oficinas y programas dedicados a la protección de derechos civiles y la revisión de leyes antidiscriminatorias.
Empresas como Salesforce, que en 2023 eliminó la palabra “diversidad” de su informe anual, y McDonald's, que dejó de establecer metas en sus altos cargos, ejemplifican esta tendencia.
Sin embargo, no todas las compañías han optado por abandonar sus esfuerzos: algunas, como Costco y Cisco, han defendido públicamente sus programas de DEI, y los accionistas de empresas como Apple y Levi’s han votado mayoritariamente a favor de mantener estas iniciativas.
Expertos en cultura empresarial señalan que, más allá de los cambios políticos, las organizaciones están adaptando sus estrategias. La CEO de Paradigm, Joelle Emerson, explica que muchas compañías están dejando atrás metas que consideran riesgosas legalmente y están enfocándose en acciones que realmente mejoran la inclusión y el bienestar de los empleados.
Por ejemplo, un informe reciente indica que el 85% de las empresas todavía mantienen o han fortalecido sus compromisos en materia de DEI, priorizando programas que promueven un ambiente de trabajo más equitativo y diverso.
La tendencia actual apunta hacia una “reestructuración” de la agenda de diversidad, que busca maximizar los beneficios para todos los empleados sin necesariamente seguir las metas tradicionales.
Además, la resistencia no solo proviene del sector privado. Estados considerados “rojos” en el espectro político, como Texas y Florida, han promovido leyes que limitan la enseñanza y las políticas de inclusión en las instituciones públicas y privadas.
La narrativa en estos lugares se centra en acusaciones de “ideologías radicales” y en la protección de los valores tradicionales.
A nivel internacional, este fenómeno tiene eco en países como Brasil y Hungría, donde los gobiernos también han adoptado posturas similares, cuestionando las políticas de diversidad y promoviendo un discurso en favor de la “meritocracia pura”.
La historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos muestra que, aunque los avances son lentos y a menudo enfrentan retrocesos, la tendencia hacia la inclusión y la igualdad ha sido una constante en la lucha por los derechos humanos.
En conclusión, aunque muchas empresas están ajustando sus programas de DEI, la necesidad de un entorno laboral más justo y representativo continúa siendo una prioridad para la sociedad.
La resistencia política y los cambios en las políticas públicas marcan una etapa de transición, en la que las organizaciones buscan equilibrar sus valores con las presiones externas, adaptándose a un escenario en constante evolución.
