La Junta de Castilla y León ha lanzado una convocatoria de subvenciones para compensar la pérdida de ingresos de los empleados afectados por ERTEs en la región, con importes que pueden alcanzar los 2.700 euros por trabajador. La medida busca ampliar la protección social y facilitar la recuperación económica tras la crisis laboral provocada por la pandemia y otras circunstancias adversas.
La Junta de Castilla y León ha anunciado la apertura de una línea de ayudas dirigida a trabajadores que hayan sufrido afectaciones por Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), con el objetivo de mitigar la pérdida de poder adquisitivo y proporcionar un apoyo económico durante los periodos de suspensión o reducción de jornada laboral.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la comunidad, establece que los beneficiarios podrán recibir hasta 2.700 euros, equivalentes a 10 euros por cada jornada completa de suspensión, con un máximo de 270 jornadas subvencionadas.
Este programa se enmarca en las políticas de protección social y empleo de Castilla y León, que busca adaptarse a las nuevas necesidades de los trabajadores afectados, especialmente tras el impacto económico generado por la pandemia de COVID-19 y las crisis sectoriales.
La ayuda está destinada a empleados con contratos indefinidos, fijos discontinuos, o en situación de inactividad, que hayan visto interrumpida su relación laboral o reducido su horario por un periodo mínimo de 10 días entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de abril de 2025.
Para entender mejor la magnitud de esta iniciativa, hay que remontarse a los años anteriores cuando las ayudas a trabajadores en ERTEs estaban limitadas a ciertos tamaños de empresa y procedimientos específicos.
En 2020, durante la primera ola de la pandemia, el Gobierno español aprobó un paquete de medidas que incluían ayudas similares, con importes que en aquel momento alcanzaban los 1.200 euros por beneficiario, en un intento de mantener el tejido productivo en marcha. Ahora, Castilla y León busca ampliar esa protección con una cantidad mayor y simplificar los trámites administrativos.
La cuantía de la ayuda, que en euros equivale a unos 2.700 euros, se distribuirá en función de las jornadas de suspensión o reducción de jornada que haya experimentado el trabajador. La ayuda será compatible con otras prestaciones por desempleo o subsidios, pero en ningún caso la suma del salario y las ayudas podrá superar el 100 % de la retribución bruta mensual del trabajador.
Además, la convocatoria ha incluido novedades importantes para facilitar el acceso a estas ayudas, como la eliminación de la necesidad de presentar certificados empresariales si el trabajador ya percibe prestaciones por desempleo, y la simplificación en la documentación requerida, como las últimas cuatro nóminas.
El presupuesto inicial para esta línea de subvenciones asciende a 800.000 euros, pero la dotación podrá ser ampliada en un 100 % si la demanda lo requiere, permitiendo así atender a un mayor número de beneficiarios. La tramitación será en régimen de concesión directa, priorizando las solicitudes en orden de entrada y garantizando una gestión más ágil y efectiva.
Para solicitar estas ayudas, los interesados podrán presentar sus solicitudes tanto en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León como en los registros presenciales habilitados en la comunidad.
El plazo de presentación estará abierto desde las 9:00 horas del 6 de mayo de 2025 hasta las 14:00 horas del 26 de mayo del mismo año, con un proceso que busca reducir la burocracia y facilitar el acceso, especialmente para quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad laboral.
En definitiva, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la protección de los trabajadores afectados por ERTEs, ofreciendo una ayuda económica que puede cubrir hasta 2.700 euros por beneficiario, con la intención de aliviar la carga financiera y promover una recuperación más rápida del empleo en la región. La medida forma parte de un conjunto de acciones destinadas a fortalecer el mercado laboral y garantizar la cohesión social en tiempos de incertidumbre económica.
