Gasto público por abatimiento de aves en Edgewood, BC: casi 6,5 millones de euros

Una revisión de documentos oficiales ha indicado que la operación para abatir una parvada de avestruces en la granja Universal Ostrich, ubicada en Edgewood, Columbia Británica, supuso un gasto cercano a los €6,5 millones en el último ejercicio fiscal.

El episodio, que atrajo la atención internacional durante 2025, se desató tras la detección de gripe aviaria altamente patógena en la granja, que dio lugar a la eliminación de aproximadamente 300 aves a finales de diciembre de 2024.

Aunque la granja recibió financiación para hacer frente a la emergencia, la magnitud de los costos ha provocado un debate sobre el manejo de brotes zoonóticos y el uso de fondos públicos en respuestas sanitarias.

Entre los principales apartados presupuestarios desglosados por la solicitud de un parlamentario conservador, destaca que la #RCMP gastó más de €3,5 millones en costos de personal y en las operaciones de seguridad alrededor de la granja.

Por su parte, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), que ordenó la caza y cuyos tiradores especialistas llevaron a cabo las labores de sacrificio, dispuso de unos €1,49 millones para la operación, de los cuales aproximadamente €154.000 se destinaron a la gestión de los residuos de las aves y unos €139.000 a cuestiones de ciberseguridad y seguridad de las oficinas.

Los costos legales asociados a la operación, según figura en los datos facilitados por el órgano administrativo correspondiente, ascienden a poco más de €1,28 millones.

El monto total resalta que el coste unitario por ave superó, en términos aproximados, los €21.000, una cifra que generó críticas entre comerciantes locales y comunidades agrícolas que vieron afectadas sus actividades y su economía diaria. En este tipo de operaciones, el criterio de “erradicación” busca reducir el riesgo de contagio y posibles mutaciones que podrían comprometer la seguridad alimentaria a nivel nacional, según la postura defendida por la CFIA.

La trascendencia de este caso no se limita a los números: atrajo la atención de figuras y grupos que cuestionaron el uso de recursos públicos para una medida que afectó a una comunidad pequeña y a una granja que, según sus defensores, ya estaba sometida a una presión económica y mediática considerable.

El parte de defensa de la #CFIA se mantuvo en que la política de erradicación de brotes de #gripe aviar es necesaria para evitar la propagación del virus y sus posibles variantes

En líneas generales, el parte de defensa de la CFIA se mantuvo en que la política de erradicación de brotes de gripe aviar es necesaria para evitar la propagación del virus y sus posibles variantes, que podrían impactar la seguridad alimentaria del país.

El coste humano y social fue otro eje de discusión. La población de Edgewood, así como los agricultores de la región, vivieron semanas de tensión, protestas y preocupación por el impacto económico y emocional de la medida.

La situación también dio lugar a debates sobre la proporción de recursos públicos dedicados a operaciones de emergencia, la seguridad de los trabajadores y la necesidad de estrategias alternas para mejorar la detección temprana de brotes.

El episodio también dejó huellas en los tribunales: un fallo de un tribunal provincial impuso una multa de CAD 10.000 a la granja Universal Ostrich por no reportar a tiempo los síntomas de gripe aviar, una decisión que se mantuvo pese a recursos legales presentados por la defensa.

Este aspecto subraya la compleja interacción entre seguridad animal, responsabilidad empresarial y la cobertura pública de emergencias sanitarias.

Con el paso de los meses, los costos y las decisiones asociadas a la gestión de la gripe aviar en #Edgewood han sido objeto de revisión por parte de distintos sectores, desde autoridades sanitarias y policiales hasta representantes locales y nacionales.

La noticia, que comenzó como una intervención técnica en una granja aislada, se convirtió en un caso de estudio sobre la forma en que las sociedades modernas gestionan riesgos sanitarios, la transparencia de las cuentas públicas y el equilibrio entre protección de la salud pública y sostenibilidad económica de comunidades rurales.