El Ayuntamiento de Valencia presenta una normativa que busca limitar la expansión de apartamentos turísticos y proteger la calidad de vida en los barrios históricos de la ciudad, estableciendo controles estrictos y límites porcentuales para evitar la sobreexposición al turismo.
Valencia se prepara para adoptar una serie de nuevas regulaciones destinadas a controlar y limitar el auge de los apartamentos turísticos en sus diferentes barrios, una medida que busca equilibrar el crecimiento turístico con la calidad de vida de los residentes.
La iniciativa, que ha sido aprobada recientemente en el Pleno del Ayuntamiento, prevé someter a exposición pública durante 45 días una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, enfocada en los usos terciarios hoteleros y en la regulación de alojamientos turísticos.
Este paso forma parte de un esfuerzo mayor de la administración local para poner candados administrativos que limiten la proliferación no regulada de plataformas de alojamiento turístico, como Airbnb y similares, que en los últimos años han contribuido a la saturación en áreas clave como Ciutat Vella, El Carmen y Ruzafa.
La normativa busca equilibrar la oferta turística con la protección del vecindario, evitando que el crecimiento descontrolado afecte la estabilidad social y comercial del centro histórico y otros barrios tradicionales.
El concejal responsable del área de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, explicó que esta regulación pretende frenar la implantación indiscriminada de alojamientos turísticos, estableciendo límites claros a través de controles específicos.
Entre estos, la propuesta contempla que no se puedan instalar nuevas plazas turísticas en distritos donde ya superen el 8% del total de plazas respecto a la población empadronada, una medida pensada para evitar la sobreoferta y preservar el carácter residencial.
Además, la normativa establece que el número de viviendas destinadas a uso turístico no podrá superar el 2% del total de viviendas residenciales en cada barrio, cifra que contrasta con la anterior regulación del 10% implementada por el gobierno anterior en el barrio del Cabanyal.
Esta reducción pretende proteger el uso residencial y evitar que la actividad turística desplace a los residentes permanentes.
Por otro lado, se establecerá un límite del 15% en el porcentaje de locales comerciales que podrán transformarse en viviendas turísticas en cada manzana, garantizando que el 85% de los locales permanezcan destinados a otros usos, como comercios, oficinas o servicios básicos.
Esta medida busca mantener la vitalidad comercial y evitar la desaparición del comercio local en favor del turismo.
El debate en el Pleno también contó con las voces de diferentes grupos políticos. El portavoz del Grupo Socialista, Borja Sanjuán, criticó que la regulación permita la apertura de hasta 6.000 nuevos apartamentos turísticos en toda la ciudad, argumentando que esto favorece una visión mercantilista de Valencia y pone en peligro la convivencia vecinal.
Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, advirtió que la normativa podría favorecer una expansión descontrolada del turismo de lujo, especialmente en zonas saturadas como Ciutat Vella, lo que agravaría las desigualdades y afectaría la calidad de vida de los residentes históricos.
Desde el equipo de gobierno, Juan Giner destacó que las nuevas restricciones buscan garantizar un equilibrio sostenible, priorizando los intereses de los vecinos y defendiendo un modelo de ciudad que fomente la proximidad y la diversidad comercial.
Además, resaltó que estas medidas forman parte de un plan integral que también incluye mayores inspecciones y cierres de actividades turísticas no registradas, en línea con las políticas de control del sector.
La alcaldesa, María José Catalá, subrayó que su gestión ha avanzado significativamente en materia de vivienda y regulación turística en comparación con administraciones anteriores.
Entre los logros destacados, citó la entrega de más de 1.000 viviendas de protección oficial en el último año y medio, además de un incremento en las inspecciones para detectar y cerrar alojamientos ilegales.
La normativa, que ahora será sometida a estudio público, busca establecer un equilibrio entre la oferta de apartamentos turísticos y la protección del modelo residencial y comercial de Valencia.
Los controles propuestos pretenden evitar que el turismo excesivo desplace a los residentes y que la ciudad pierda su carácter histórico y cultural. Entre las medidas específicas, se limita la creación de nuevas plazas en barrios saturados y se protege el uso residencial mediante límites porcentuales, buscando garantizar un desarrollo turístico sostenible que beneficie a toda la comunidad.
