Una revisión de la ética en la investigación en Canadá revela vacíos preocupantes en la protección de los participantes en ensayos clínicos financiados privadamente.
En Canadá, un significativo porcentaje de ensayos clínicos, aproximadamente un 85%, son financiados por entidades privadas.
Esta situación ha generado preocupación entre los expertos en ética, quienes advierten que los participantes en este tipo de estudios carecen de los mismos derechos y garantías que aquellos incluidos en investigaciones financiadas por el gobierno.
Janice Parente, una destacada científica y experta en ética de la investigación, explicó que la Secretaría sobre la Conducta Responsable de la Investigación, que supervisa la ética en las universidades canadienses, no tiene ninguna jurisdicción sobre los estudios financiados de manera privada.
Este descubrimiento sorprendió a muchos, incluido Martin Letendre, un abogado y eticista que destacó que esta realidad convierte a la investigación en Canadá en un "western" sin ley, donde las consecuencias de violaciones de derechos humanos son prácticamente inexistentes.
La inquietud surgió luego de una controversia relacionada con el estudio denominado 'Prince Albert School Study' (PASS), que se llevó a cabo entre 2014 y 2016. Este estudio fue diseñado para probar los beneficios del entrenamiento de ondas cerebrales en niños de 12 a 15 años, en su mayoría de comunidades indígena.
James Hardt, el científico estadounidense detrás del estudio, hizo afirmaciones extraordinarias, alegando que este entrenamiento podría aumentar la inteligencia y la felicidad de los participantes, y en algunos casos, incluso permitirles levitar.
Parente quedó atónita al descubrir que el estudio fue aprobado por dos universidades canadienses, a pesar de las numerosas señales de alarma que presentaba.
Ella clasifica esta situación como un "jackpot" de fallos éticos.
Ante esta problemática, ha decidido incluir un capítulo en su próximo libro acerca de esta investigación y su contexto.
El estudio fue financiado por Allan Markin, un conocido filántropo y exejecutivo de una compañía petrolera en Alberta.
Aunque Markin no estuvo directamente involucrado en la supervisión del estudio, su financiamiento permitió que Biocybernaut, la empresa responsable, llevara a cabo el experimento en escuelas con un alto porcentaje de estudiantes indígenas.
La metodología de este ensayo ha sido calificada de extraña y poco ética, ya que los participantes, incluidos niños, fueron sometidos a condiciones que muchos consideran abusivas, como sesiones de horas en habitaciones oscuras escuchando sonidos generados por sus propias ondas cerebrales.
La falta de consentimiento informado y las críticas sobre la validez de la investigación han llevado a la comunidad a cuestionar la ética que rige las investigaciones financiadas de manera privada.
La aprobación por parte de las juntas de ética de las universidades involucradas ha sido catalogada como una falta grave por expertos en el área.
El sistema actual deja a los participantes de estudios financiados de manera privada sin un recurso adecuado si sufren daños.
Alma Stonestand, madre de una participante en el PASS, expresó su descontento y la necesidad de rendición de cuentas por lo que su hija atravesó durante el estudio.
"No es justo que esto haya sucedido y que las universidades no asuman su responsabilidad", comentó.
Desde que se comenzaron a investigar estos casos, Parente y sus colegas han lanzado una queja formal ante el organismo federal correspondiente, subrayando la necesidad de revisar la conducta ética en investigaciones que involucran a poblaciones vulnerables, como es el caso de las comunidades indígenas.
A pesar del clamor por cambios en las políticas de investigación, la Secretaría mantiene que su capacidad de intervención es nula en los estudios privados, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas de ética en la investigación en Canadá.
Mientras las universidades canadienses siguen enfrentando presiones por parte del público y expertos, el futuro de la investigación ética en el país sigue siendo incierto.
La comunidad científica y la sociedad civil claman por un cambio que garantice la protección de los individuos participantes en ensayos clínicos, reforzando así la confianza en el sistema de investigación y su integridad.