La Comunidad de Madrid avanza en la actualización de su normativa sanitaria, ampliando requisitos y procedimientos para centros y servicios, con énfasis en telemedicina, publicidad ética y calidad en radiaciones ionizantes.
En la región de Madrid, la Comunidad está en proceso de implementar una importante reforma en la normativa que regula tanto los centros sanitarios públicos como privados.
Esta iniciativa pretende modernizar el marco legal vigente, con el fin de ofrecer una atención médica de mayor calidad, mayor seguridad jurídica y protección para los ciudadanos.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente un nuevo proyecto de decreto, que será publicado en el Portal de Transparencia de la institución.
Este decreto establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros y servicios sanitarios, incluyendo nuevas regulaciones sobre la telemedicina en disciplinas como la psicología y la fisioterapia.
Históricamente, la regulación de estos centros en Madrid ha evolucionado desde la normativa del Estado español, que data de 2003, con varias modificaciones posteriores en 2018 y 2023.
La actualización actual responde también a la necesidad de armonizar las leyes regionales con la legislación europea, facilitando un entorno más competitivo y seguro.
Uno de los aspectos destacados de la reforma es el control sobre la publicidad sanitaria. La normativa aclaró que la promoción de servicios debe basarse en principios éticos y científicos, prohibiendo mensajes que sean engañosos o que utilicen prácticas comerciales inadecuadas, como descuentos injustificados o promesas no verificadas.
Esto se alinea con las directrices de la Unión Europea, que promueven la transparencia y la protección del consumidor.
Asimismo, el decreto contempla procedimientos específicos para garantizar la calidad en el uso de radiaciones ionizantes, como las que utilizan los equipos de rayos X.
Estos procedimientos buscan asegurar que los niveles de radiación sean los adecuados y que se cumpla con la normativa de seguridad, minimizando riesgos para pacientes y profesionales.
También se incluyen en la normativa los servicios complementarios que pueden ofrecer clínicas dentales, centros de estética y otros establecimientos sanitarios, promoviendo un marco regulatorio homogéneo y actualizado.
Otro avance importante es en los procesos administrativos. La reforma ha aumentado el período de validez de los regímenes jurídicos y autorizaciones de 8 a 10 años, y ha reducido en un 40% los requisitos documentales para la apertura de nuevos centros.
Además, los plazos administrativos para su creación se han acortado, facilitando la puesta en marcha de nuevos centros sanitarios tanto públicos como privados.
Finalmente, el proyecto de decreto también introduce un procedimiento de declaración responsable dirigido a universidades y empresas para que puedan realizar ciertas actividades sanitarias, promoviendo la innovación y la colaboración en el sector.
Todo esto garantiza una adaptación de la legislación regional a los avances tecnológicos, la legislación estatal y las directrices europeas, asegurando una medicina más segura, ética y eficiente en Madrid.
A modo de referencia, el coste promedio de un tratamiento sanitario en Madrid puede variar ampliamente; por ejemplo, una consulta psicológica puede costar alrededor de 50 euros (unos 52 dólares), mientras que una radiografía puede situarse en torno a los 60 euros (62 dólares).
La reforma busca no solo mejorar la calidad y seguridad, sino también facilitar el acceso a servicios de salud eficientes y transparentes para toda la población madrileña.
