Las mandatarias autonómicas solicitan al Gobierno central la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, crucial para el suministro energético de la región.
En una visita conjunta a la central nuclear de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres, las presidentas de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han abordado la crucial cuestión de la energía nuclear en España.
Durante su visita este martes, ambas líderes firmaron una declaración institucional instando al Gobierno español a reconsiderar su decisión de cerrar la planta en el año 2027.
Este cierre significaría no solo un golpe a la producción energética del país, sino también consecuencias económicas devastadoras.
La central de Almaraz es responsable de aproximadamente el 15% de la energía consumida en la Comunidad de Madrid, una proporción significativa, especialmente teniendo en cuenta el creciente aumento en la demanda de energía debido al desarrollo de nuevos centros de datos.
Estudios recientes han revelado que la clausura de esta central podría provocar un incremento del 23% en las facturas de electricidad para los hogares y pequeñas y medianas empresas, repercutiendo negativamente en la economía con un coste que podría ascender a unos 22.500 millones de euros.
Más preocupante aún es el impacto social: se estima que cerrar Almaraz podría resultar en la pérdida de alrededor de 30.000 empleos, muchos de ellos en áreas rurales que ya enfrentan el riesgo de despoblación. Estas comunidades dependen en gran medida de la central, que representa aproximadamente el 70% de sus ingresos.
En el contexto europeo, la energía nuclear ha sido reconocida como una fuente de energía verde, representando el 21% de la generación eléctrica en España en 2022.
Además, la operación de estas plantas evita la emisión de aproximadamente 30 millones de toneladas de CO₂ anualmente, contribuyendo de manera significativa a la lucha contra el cambio climático y a la disminución de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, en los últimos años, ha habido un aumento del 70% en la carga fiscal sobre las empresas del sector nuclear. Esta política, que parece desincentivar las inversiones en esta fuente de energía, contrasta con las prácticas de otros países, como Bélgica, donde la comisaria europea Teresa Ribera ha respaldado la continuidad de las plantas nucleares, asegurando financiamiento de unos 32.000 millones de euros para mantenerlas operativas.
Díaz Ayuso enfatiza la necesidad de que el Gobierno central aplique políticas que trasciendan la ideología y se fundamenten en criterios científicos y técnicos, priorizando la sostenibilidad medioambiental, la industria, el empleo y la autonomía energética del país.
La presidenta de la Comunidad de Madrid destaca que en caso de cerrar las instalaciones nucleares, España se vería forzada a incrementar su dependencia de combustibles fósiles, especialmente del gas ruso, poniendo en riesgo la seguridad energética nacional.
La situación de la energía en España se ha vuelto crítica a medida que el país busca equilibrar sus necesidades energéticas con las obligaciones medioambientales, un dilema que solo se intensificará en los próximos años si no se toman decisiones informadas y estratégicas.
