La prestigiosa universidad estadounidense reorganiza sus departamentos enfocados en minorías y diversidad tras enfrentamientos con la administración Trump, trasladando personal a una nueva oficina de cultura y comunidad.
La medida implica el cierre de estas oficinas y el traslado de aproximadamente 50 empleados, incluidos más de 15 becarios, a una nueva entidad dentro de la recién creada Oficina de Cultura, Comunidad, Diversidad, Equidad e Inclusión (OCC).
Este movimiento ha generado diversas reacciones en el ámbito académico y político, ya que algunos consideran que responde a presiones del gobierno estadounidense para limitar las políticas de #diversidad en las instituciones educativas.
La decisión fue comunicada a través de un correo electrónico del decano de Harvard, David J. Deming, quien aseguró que, pese a los cambios, todos los servicios y apoyos continuarán disponibles para los estudiantes.
Supuestamente, estas acciones forman parte de un esfuerzo por alinear la gestión de la universidad con los requerimientos del gobierno federal, que en el pasado intentó impedir la matriculación de estudiantes internacionales y congeló fondos federales por valor de más de 2.000 millones de dólares, equivalentes a unos 1.850 millones de euros. Dichas medidas fueron paralizadas por una juez federal, pero presuntamente aún generan controversia y debates legales.
Históricamente, #Harvard ha sido un símbolo de diversidad y progreso en el ámbito universitario, promoviendo políticas inclusivas y programas para apoyar a comunidades marginadas.
Sin embargo, durante la administración Trump, el centro enfrentó acusaciones por no abordar con suficiente intensidad el antisemitismo en el campus, además de criticarse por políticas que supuestamente violaban derechos civiles de estudiantes judíos y otras minorías.
Una organización vinculada a Harvard
En abril pasado, abogados del expresidente enviaron un memorando confidencial que señalaba a la Fundación para las Relaciones Interculturales y Raciales, una organización vinculada a Harvard, como candidata a ser eliminada, además de advertir sobre posibles demandas judiciales.
En respuesta, la universidad renombró dicha fundación como Oficina Central de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia, y desde entonces ha trabajado en eliminar referencias a esas políticas, cumpliendo con las exigencias del gobierno republicano.
Este cambio en la estructura interna de Harvard se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre instituciones educativas y las políticas del gobierno federal, que buscan limitar el alcance de programas de diversidad y derechos civiles.
La universidad, fundada en 1636, ha sido pionera en promover el acceso a la #educación superior para personas de todos los orígenes, y ahora enfrenta el reto de mantener su compromiso con la inclusión en medio de un panorama político cada vez más polarizado.
Supuestamente, algunos analistas consideran que esta reestructuración puede impactar en la percepción internacional de Harvard, aunque otros opinan que la universidad continuará siendo un referente en innovación y justicia social.
La disputa refleja también la lucha por definir el papel de las instituciones académicas en la promoción de políticas inclusivas en un entorno político que, presuntamente, busca restringir esas iniciativas.
