El gobierno de Estados Unidos ha decomisado más de 650 millones de euros en bienes y activos vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien presuntamente lidera una organización considerada terrorista por la administración estadounidense. La medida forma parte de una estrategia de presión contra el régimen venezolano.
Según fuentes oficiales, estos activos están vinculados presuntamente a su liderazgo en una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles, que la Administración de Donald Trump declaró en julio pasado como una organización terrorista.
Supuestamente, esta acción forma parte de una estrategia más amplia para debilitar la influencia del régimen venezolano en la región y presionar para su cambio político.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, afirmó en una entrevista con la cadena Fox que la confiscación incluye diversos bienes y activos de alto valor, y resaltó que "esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los delitos relacionados con Maduro".
Además, Bondi anunció que se ha aumentado la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario, pasando de 25 millones a 50 millones de dólares (de aproximadamente 23 millones a 46 millones de euros).
Entre los bienes confiscados se encuentran dos aviones lujosos, varias residencias, incluyendo una mansión en República Dominicana y varias en Florida, así como una granja de caballos, nueve vehículos de alta gama, además de millones en joyas y efectivo.
La cantidad total de bienes decomisados supera ampliamente los 650 millones de euros. Presuntamente, estos activos estaban siendo utilizados por Maduro y su entorno cercano para financiar actividades ilícitas y mantener su poder.
Calificó estas acusaciones como un "invento" de Estados Unidos para justificar su intervención en Venezuela
Cabe señalar que Maduro fue acusado en 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, de narcotráfico y terrorismo. La acusación sostiene que él y altos funcionarios militares del gobierno venezolano estarían liderando esta supuesta organización criminal. Sin embargo, desde Caracas, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, calificó estas acusaciones como un "invento" de Estados Unidos para justificar su intervención en Venezuela.
Supuestamente, la comunidad internacional observa con atención estas acciones, que marcan un precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en América Latina.
La confiscación de activos es vista como una medida para cortar las fuentes de financiamiento del régimen, que ha enfrentado sanciones y presiones internacionales en los últimos años.
La situación en #Venezuela continúa siendo una de las más complejas en la política regional, con tensiones entre el gobierno y la oposición, y con el país sumido en una profunda crisis económica y social.
Esta acción de Estados Unidos, además, busca enviar un mensaje claro a otros líderes y organizaciones que puedan estar involucrados en actividades ilícitas, demostrando que la ley internacional y las sanciones pueden alcanzarlos, sin importar su posición o influencia.
