El intento del presidente Gustavo Petro de impulsar una reforma laboral a través de una consulta popular fue bloqueado en el Senado colombiano, generando acusaciones de manipulación y protestas ciudadanas.
El miércoles 14 de mayo de 2025, el Senado de Colombia tomó una decisión que generó gran controversia y tensión política en el país. La Cámara Alta rechazó la convocatoria de una consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro, quien buscaba que la ciudadanía votara sobre una serie de reformas en el sistema laboral.
Este intento formaba parte de una estrategia más amplia del mandatario para ampliar los derechos de los trabajadores y avanzar en su agenda progresista.
Para entender el contexto, es importante recordar que Petro, quien asumió la presidencia en agosto de 2022, ha sido un firme defensor de cambios estructurales en la política y la economía colombiana.
Desde su llegada, ha intentado impulsar reformas que buscan reducir la desigualdad, fortalecer los derechos laborales y promover una mayor participación ciudadana en las decisiones clave del país.
Sin embargo, enfrentó resistencia tanto en el Congreso como en otros sectores políticos.
El proceso comenzó con la presentación de un proyecto de ley para modificar el sistema laboral, pero fue rechazado por el Congreso en varias ocasiones.
Sin cejar en su empeño, Petro y su equipo decidieron promover una consulta popular, en la que se someterían a votación 12 preguntas relacionadas con las reformas propuestas, con respuestas de “Sí” o “No”.
La intención era que la ciudadanía pudiera decidir directamente sobre estos cambios, en un ejercicio de democracia participativa.
La convocatoria a esta consulta, que inicialmente parecía una vía efectiva para avanzar en sus reformas, dependía de la aprobación del Senado. Sin embargo, en una votación muy cerrada, los legisladores rechazaron la propuesta con 49 votos en contra y 47 a favor. La decisión provocó una gran polémica, ya que en medio del debate, se produjeron gritos y empujones en la sede del Senado. Los legisladores oficialistas denunciaron que la votación había sido manipulada, alegando que el presidente de la Cámara Alta, Efraín Cepeda, habría cerrado las votaciones antes de que todos los congresistas pudieran emitir su voto.
Estas acusaciones de fraude y manipulación electoral llevaron a una suspensión de la sesión por parte de Cepeda, en un ambiente tenso y lleno de protestas.
En Twitter, Petro expresó su frustración y su percepción de que la consulta popular no fue derrotada por la voluntad popular, sino por un “fraude”, afirmando que "No se hundió la consulta popular.
La hundieron con fraude".
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Bendetti, anunció que denunciará a Cepeda ante la Fiscalía por estos hechos y prometió movilizar a sindicatos y organizaciones sociales para respaldar la iniciativa presidencial.
Petro, por su parte, ha reiterado que existe un “bloqueo institucional” para impedir sus propuestas progresistas y ha advertido que, en caso de que no le permitan avanzar por los canales tradicionales, buscará aprobar los cambios mediante decretos presidenciales.
A pesar del revés en el Senado, la Cámara Alta aprobó la revisión del proyecto inicial de reforma laboral que había sido presentado en 2023 por el gobierno.
La oposición sostiene que estas maniobras esconden un interés electoral, ya que Petro busca ganar apoyo en vista de las elecciones presidenciales de 2026, en las que, por ley, no podrá buscar una reelección inmediata.
La tensión entre el Ejecutivo y Legislativo continúa, evidenciando las profundas divisiones en la política colombiana.
Este episodio forma parte de un contexto histórico en el que las instituciones democráticas en Colombia han enfrentado múltiples desafíos, desde conflictos armados hasta crisis políticas y debates sobre la participación ciudadana.
La lucha por reformas sociales y laborales ha sido una constante en la historia del país, con diferentes gobiernos intentando implementar cambios que muchas veces chocan con los intereses de sectores poderosos.
En definitiva, la controversia generada por la reciente votación refleja las tensiones que atraviesan a Colombia en su camino hacia una mayor democracia participativa, en un momento en que la población exige mayor transparencia y justicia en los procesos políticos.
La historia reciente del país muestra que los movimientos sociales y las protestas han sido fundamentales para abrir espacios de diálogo y reivindicar los derechos de los trabajadores y los sectores más vulnerables.
