El Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con el Gobierno Vasco, ha declarado la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, implementando un plan trienal para contener los precios del alquiler y ampliar la oferta de vivienda protegida. Más del 36% de la población vasca estará protegida frente a la escalada de precios en los próximos años.
Esta declaración, que formalmente ha sido publicada en el Boletín Oficial del País Vasco y que se hará efectiva próximamente en el Boletín Oficial del Estado, es parte de un plan de acción a tres años que busca aliviar la presión sobre el mercado y promover políticas que garanticen el derecho a una #vivienda digna.
Bilbao, la ciudad más poblada del País Vasco con cerca de 350,000 habitantes, ha visto cómo los precios del alquiler han aumentado significativamente en los últimos años.
Datos históricos indican que en el año 2010, los alquileres en la ciudad tenían un promedio de aproximadamente 4,50 euros por metro cuadrado al mes, cifra que se ha disparado a cerca de 8,50 euros en 2023.
Este incremento ha provocado que muchas familias, especialmente las de clase media, vean comprometido su presupuesto, destinando más del 30 % de sus ingresos a gastos de vivienda, por encima de los límites considerados sostenibles.
El plan, activado tras la declaración de #Bilbao como zona tensionada, contempla diversas acciones estratégicas. Se busca no solo controlar los incrementos en los alquileres, sino también incrementar la oferta de viviendas protegidas. En los próximos tres años, se planea construir aproximadamente 1.090 nuevas viviendas, de las cuales 890 serán promovidas directamente por el Gobierno Vasco en colaboración con el Ayuntamiento. Entre los recursos previstos se encuentran 385 viviendas de protección oficial en alquiler y 182 viviendas sociales repartidas en varios distritos, como Cortes, Olabeaga, Mina del Morro y Bolueta.
Uno de los aspectos destacados de este plan es la movilización del parque de viviendas vacías, que en Bilbao superan las 8.000 unidades. A través de programas como Bizigune y ASAP, se incentivará a los propietarios a poner en alquiler estas viviendas mediante subvenciones para la adecuación y acciones de intermediación.
La finalidad es captar estas viviendas y destinarlas a alquiler social y asequible, una estrategia que responde a la elevada demanda estructural de viviendas en la ciudad.
Además, el plan refuerza las ayudas para el alquiler, con más de 5.200 subsidios concedidos en la actualidad en Bilbao, centrados especialmente en jóvenes y colectivos vulnerables. También se contempla fortalecer el sistema mediante programas como Gaztelagun y Emantzipa, que coordinan esfuerzos entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento para facilitar el acceso a la vivienda.
Otra de las medidas principales es la regulación del mercado de grandes inquilinos. En Bilbao, se registra una presencia significativa de propietarios con varios inmuebles, sumando un total aproximado de 2.900 viviendas en manos de grandes tenedores, quienes podrán concertar acuerdos para rehabilitar y ceder viviendas a fondos públicos o para alquiler social con incentivos económicos.
Se controlará también la oferta turística que impacta sobre la disponibilidad de vivienda habitual
Por otro lado, se controlará también la oferta turística que impacta sobre la disponibilidad de vivienda habitual. Actualmente, Bilbao cuenta con alrededor de 1.300 pisos turísticos, lo que equivale a un 0,7 % del parque total de viviendas. Para mitigar su impacto, se implementarán mecanismos de seguimiento y regulación, incluyendo la suspensión cautelar de licencias y mayor supervisión de las comunidades de propietarios.
El plan también incorpora medidas de regulación para los alquileres en zonas de alta tensión, incluyendo el control de precios y la extensión de condiciones contractuales específicas, además de la creación de un observatorio de mercado que facilite el seguimiento y evaluación de la política aplicada.
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, destacó que este esfuerzo conjunto busca poner la política habitacional al servicio de la sociedad en general, no solo de los sectores más vulnerables.
“Necesitamos que toda la ciudadanía, incluyendo la clase media trabajadora, sea partícipe en estas acciones. La clave está en ofrecer oportunidades de vivienda asequible, incentivar el alquiler y promover la rehabilitación de espacios ociosos”, afirmó.
Históricamente, Euskadi ha sido pionera en políticas de protección y regulación del mercado de vivienda en España, con iniciativas como la Ley Vasco de Vivienda de 2009, que estableció un marco de protección social para el acceso a la vivienda y regulaciones sobre alquileres.
La ciudad de Bilbao, en particular, ha desarrollado en los últimos años un modelo de urbanismo y política pública que combina la promoción de vivienda protegida con estrategias de regeneración urbana, consolidándose como ejemplo para otras ciudades del país.
Finalmente, el plan contempla potenciales desarrollos futuros, incluyendo la cesión de suelo público para promover hasta 15.300 viviendas adicionales a medio y largo plazo, distribuidas en diferentes distritos según su capacidad de crecimiento y demanda. Como parte de estas acciones, se fortalecerán los mecanismos para reactivar suelos urbanos ociosos y facilitar la participación privada en proyectos de vivienda social.
En conclusión, la iniciativa de Bilbao refleja un compromiso serio por garantizar el acceso a una vivienda digna en un contexto de mercado tensionado, mediante políticas integradas, colaboración interinstitucional y una visión de largo plazo que busca equilibrar el crecimiento urbano con la protección social.
