El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Oyón-Oion formalizan un convenio para edificar 24 viviendas protegidas en Rioja Alavesa, con la cesión gratuita del terreno por parte del municipio y una inversión que supera los 2 millones de euros, en respuesta a la demanda de vivienda asequible.
El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Oyón-Oion han firmado recientemente un acuerdo de colaboración con el objetivo de construir 24 viviendas de protección social en la parcela RC-A del sector S.A.U.R.-1 de este municipio de Rioja Alavesa. Este convenio refleja un compromiso conjunto para ampliar el parque de vivienda pública en Euskadi, en línea con la estrategia vasca 2030 de fomento de la vivienda asequible.
La iniciativa surge ante la marcada necesidad de facilitar acceso a viviendas dignas para las familias que residen en esta región, una demanda que ha sido respaldada por estudios históricos y datos estadísticos que indican un crecimiento poblacional y una escasez en el parque de viviendas protegidas en la zona.
La inversión total estimada para llevar a cabo este proyecto supera los 2 millones de euros, equivalente a aproximadamente 2 millones de dólares o 1,8 millones de euros, considerando la tasa de cambio del euro.
El acuerdo, autorizado por el Consejo de Gobierno, establece que el Ayuntamiento cederá de manera gratuita a la Administración Vasca el terreno donde se construirán las viviendas.
A cambio, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana se responsabilizará de liderar el proyecto constructivo y de urbanizar la parcela, asegurando que las obras se ejecuten en los plazos previstos y con la calidad necesaria.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, destacó que “el acceso a una vivienda asequible y de calidad es un derecho fundamental y una obligación de las instituciones públicas”.
En su intervención, también subrayó que “la cesión gratuita del suelo por parte del Ayuntamiento de Oyón-Oion es clave para optimizar los recursos públicos y acelerar la respuesta a la demanda de viviendas sociales”.
Por su parte, el alcalde del municipio, José Manuel Villanueva, enfatizó en la voluntad del consistorio de impulsar políticas que permitan a los vecinos vivir y trabajar en su entorno.
“Hemos analizado todas las alternativas para promover vivienda protegida y garantizar un derecho básico como el acceso a una vivienda digna,” expresó.
Añadió que “el convenio es una de las estrategias que nos ayudará a avanzar en ese objetivo y a reducir las desigualdades sociales dentro de nuestra comunidad”.
El proyecto contempla que las viviendas se distribuirán de acuerdo con la normativa vigente, priorizando a las personas empadronadas en el municipio y reservas especiales para mujeres víctimas de violencia de género y personas con movilidad reducida, incluso sin que cumplan con el requisito de empadronamiento si así lo requiere la situación de vulnerabilidad.
La administración autonómica también se ha comprometido en la gestión del proyecto: contratará la dirección técnica, redactará los planos y supervisará la ejecución de las obras, tomando todas las medidas necesarias para reducir el impacto de la construcción en la comunidad local.
Además, el Ayuntamiento contribuirá promoviendo bonificaciones fiscales y elaborando los proyectos en coordinación con las áreas técnicas correspondientes.
Este tipo de colaboraciones entre entidades locales y regionales no solo favorece la construcción de viviendas, sino que también fortalece la cohesión social y la inversión en bienestar colectivo.
La estrategia vasca 2030, que busca mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, ve en estas iniciativas un paso importante hacia un desarrollo urbano inclusivo y sostenible, en línea con otros países europeos que desde hace décadas invierten en políticas de vivienda social.
El acuerdo también tiene un trasfondo histórico, pues en Euskadi se han impulsado numerosos programas similares con anterioridad, en municipios como Vitoria-Gasteiz y San Sebastián, donde se han construido cientos de viviendas sociales para reducir la brecha habitacional.
Con estos esfuerzos, la comunidad autónoma continúa consolidando su compromiso con la igualdad de oportunidades y el derecho a la vivienda digna para todos sus habitantes.
