El Gobierno Vasco, junto a instituciones locales, activará en otoño un modelo de atención coordinada y especializada para casos de violencia sexual infantil en Álava, garantizando una intervención integral y de calidad con inversión equivalente a aproximadamente 17.000 euros por cada espacio de referencia.
que representa un avance significativo en la protección infantil
Este programa, que representa un avance significativo en la protección infantil, busca integrar de manera eficiente los diferentes sistemas de salud, educación, servicios sociales, fuerzas policiales y justicia, en un espacio de referencia único.
Este modelo de atención integral se desarrolla en respuesta al alarmante incremento de casos de delitos sexuales reportados en los últimos años. Según datos de la Ertzaintza, en el período comprendido entre 2020 y 2023, se recibieron aproximadamente 900 denuncias relacionadas con delitos sexuales cometidos contra menores, lo que refleja un aumento exponencial en comparación con los 130 casos reportados en 2020.
Además, en el mismo período, se observó un incremento del 25% en los casos de violencia por parte de parejas o exparejas, y un 24.2% en delitos de violencia sexual en general. La tendencia también se refleja a nivel estatal, donde el Ministerio del Interior confirma que los menores son uno de los grupos más vulnerables frente a estas agresiones.
La gravedad de estas cifras ha llevado a las autoridades a adoptar medidas más contundentes. Entre ellas, destaca la firma de un convenio interinstitucional respaldado por el Consejo de Gobierno Vasco, que involucra a instituciones clave como el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Educación, y el Departamento de Salud de Osakidetza.
La finalidad es crear en Álava un espacio donde profesionales de distintos ámbitos puedan coordinarse y ofrecer intervenciones especializadas en un entorno seguro y confidencial.
Este espacio de referencia tendría un costo aproximado de 17.000 euros (€), que incluye la dotación y mantenimiento de las instalaciones, además de recursos humanos y tecnológicos. La inversión busca garantizar la sostenibilidad y calidad del programa, facilitando la protección integral de las víctimas.
El modelo propuesto contempla servicios especializados como el acompañamiento y asesoramiento familiar, evaluaciones médicas y psicológicas, entrevistas en condiciones seguras utilizando medios técnicos adecuados, y terapias focalizadas para tratar el trauma derivado de la violencia sexual.
La participación será siempre voluntaria, confidencial y respetuosa con la dignidad de las víctimas y sus familias.
En cuanto a las responsabilidades institucionales, el Departamento de Justicia, por ejemplo, debe garantizar la disponibilidad de medios técnicos para la toma de declaraciones en condiciones apropiadas para menores.
La educación, por su parte, tendrá que aprobar protocolos para intervenir en centros educativos y comunicar casos detectados de manera inmediata. Las fuerzas policiales y los servicios sanitarios también asumirán un papel fundamental en la detección precoz y la atención clínica.
Asimismo, la Diputación Foral de Álava se encargará de investigar los casos en coordinación con los servicios sociales, de designar un profesional de referencia para cada caso y de elaborar planes de intervención personalizados.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y otros municipios que puedan adherirse en el futuro, participarán en la intervención de los servicios sociales y en la creación de unidades policiales especializadas.
El seguimiento y evaluación de la iniciativa estarán a cargo de una Comisión Mixta formada por representantes de todas las instituciones implicadas.
Esta comisión se reunirá cada tres meses para ajustar protocolos, evaluar resultados y proponer mejoras. Además, una Comisión Técnica elaborará pautas para coordinar las acciones conjuntas.
El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con la posibilidad de prorrogarse hasta por cuatro años adicionales. También se contempla que otros municipios de Álava puedan sumarse mediante adendas, ampliando así el alcance del proyecto. La experiencia piloto en Álava servirá como modelo para otras regiones del País Vasco, en línea con la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia y la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI).
