El Gobierno Vasco presentó sus propuestas para la futura Política Agrícola Común, defendiendo un modelo más flexible, adaptado a las características propias de Euskadi y centrado en la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. La Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, expuso en el Consejo Agrario y Alimentario las líneas estratégicas del Ejecutivo Vasco para la reforma de la PAC que se aprobará en la Unión Europea para el período 2028-2034. La propuesta busca dar voz a Euskadi en las decisiones europeas, promoviendo un sistema más eficiente, adaptado a las realidades regionales y con mayor capacidad para responder a crisis climáticas y de mercado. La reunión contó con representantes del sector agroalimentario vasco, sindicales y organizaciones cooperativas, quienes aprobaron en conjunto la importancia de una política que tome en cuenta las particularidades de cada territorio. La consejera subrayó la necesidad de repensar la estructura actual de la PAC, que actualmente gestiona 39 intervenciones diferentes en Euskadi. Muchas de ellas resultan complejas y dificultan el acceso de los agricultores a las ayudas. Barredo afirmó que “la simplificación real y efectiva es clave para mejorar la gestión y reducir las cargas administrativas tanto para los beneficiarios como para las administraciones”. En lo que respecta a la descentralización, señaló que la reforma debe reconocer la autonomía de las regiones, permitiendo que Euskadi diseñe y aplique sus propios Planes Estratégicos Regionales, acorde con sus características climáticas, económicas y sociales. Actualmente, la política agrícola europea reconoce las particularidades de cada Estado, pero no en la suficiente medida. La consejera destacó que “Europa es diversa y también lo es su sector agrícola. Euskadi ha desarrollado un modelo propio y competente para gestionar sus prioridades de forma autónoma, en línea con su realidad regional”. En materia de seguridad alimentaria, el Gobierno Vasco plantea que este aspecto recupere un papel prioritario en la PAC, considerando los desafíos globales como conflictos internacionales, la volatilidad de los mercados y el cambio climático. Amaia Barredo explicó que “esto no implica abandonar los objetivos medioambientales del Pacto Verde, sino replantearlos desde un enfoque más realista y progresivo, con incentivos adecuados que eviten restricciones que pongan en riesgo la capacidad productiva”. Uno de los puntos clave de su propuesta es fortalecer el presupuesto para el período 2028-2034, asegurando recursos suficientes para afrontar los retos del sector agrícola vasco y europeo. La propuesta incluye mantener los dos pilares de ayudas actuales: subsidios directos y desarrollo rural, con una estructura dual que integre planes nacionales y regionales específicos. Además, se propone reducir la cantidad de ayudas, enfocándolas en profesionales y agricultores familiares, y establecer mecanismos de ayuda extraordinaria para eventos climáticos adversos o crisis de mercado, como un porcentaje del presupuesto total (alrededor de un 5%). También se aboga por una mayor colaboración con fondos estructurales europeos, como el FEDER y el FSE+, para impulsar un desarrollo rural más integral y sostenible. El objetivo a largo plazo es que el sector agrícola vasco sea más competitivo, resiliente y alineado con las necesidades sociales y ambientales de su región. La colaboración con agentes del sector será esencial en el proceso, y el Gobierno Vasco continuará trabajando de manera cercana con sindicatos, cooperativas y asociaciones agrarias. La consejera quiso dejar claro que “el momento es ahora: Euskadi debe tener una voz propia en la definición de la nueva PAC. Con experiencia y conocimiento, podemos contribuir a que la política europea sea más sensible y efectiva para nuestro territorio y su gente”.
La Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, expuso en una reunión del Consejo Agrario y Alimentario las líneas estratégicas que defenderá el Ejecutivo para adaptar la política agrícola a las necesidades de la región.
La PAC, que regula las ayudas y políticas para el sector agrícola en la Unión Europea, ha estado en constante revisión para responder a desafíos como el cambio climático, las crisis de mercado y las desigualdades regionales.
La propuesta vasca señala que la estructura actual, que incluye 39 tipos de intervenciones, resulta demasiado atomizada y compleja, dificultando el acceso de los agricultores a las ayudas y generando tensión en los recursos administrativos.
La consejera afirmó que su objetivo es lograr una reforma que sea efectiva en la práctica, resaltando la importancia de la simplificación administrativa.
En este sentido, se plantea racionalizar las intervenciones, eliminando redundancias para que tanto beneficiarios como administraciones puedan gestionar las ayudas con mayor facilidad.
La simplificación, además, permitirá reducir cargas burocráticas que actualmente afectan a las explotaciones y a las instituciones.
Por otro lado, el principio de subsidiariedad, que permite a los Estados miembros adaptar ciertos aspectos de la política europea, también será un punto clave en las futuras negociaciones.
Actualmente, España, y en particular Euskadi, cuenta con estructuras propias en materia agrícola, y el texto presentado subraya la necesidad de que la UE reconozca plenamente la gestión regional, dotando a #Euskadi de mayor autonomía para diseñar e implementar sus propios planes estratégicos.
Esta autonomía regional sería fundamental para responder eficientemente a las particularidades agrícolas, climáticas y sociales de Euskadi, que cuenta con un modelo productivo propio.
La región dispone de competencias suficientes para gestionar sus prioridades, y la propuesta busca fortalecer ese control en el marco de una política más descentralizada.
La #seguridad alimentaria aparece como un eje central de la propuesta vasca
Adicionalmente, en un contexto global marcado por incertidumbre, la seguridad alimentaria aparece como un eje central de la propuesta vasca. Amaia Barredo resaltó que “la seguridad alimentaria europea debe ser una prioridad, especialmente en momentos de conflictos internacionales y disrupciones en los mercados”.
La estrategia no implica abandonar los objetivos ambientales del Pacto Verde, sino replantearlos desde un enfoque que garantice la capacidad del sector para producir alimentos seguros y sostenibles.
El incremento de recursos también será uno de los puntos clave; el Gobierno Vasco propone aumentar el presupuesto asignado para que la región pueda afrontar mejor sus desafíos.
La propuesta contempla mantener los dos pilares de ayuda actuales: soporte directo a los agricultores y desarrollo rural, con una estructura que contemple planes nacionales y regionales específicos.
Se busca además reducir la cantidad de ayudas, enfocándolas en agricultores profesionales y en la agricultura familiar, que representan un porcentaje importante del sector en Euskadi.
Para garantizar la resiliencia ante fenómenos climáticos o crisis económicas, se propone crear mecanismos de ayuda extraordinaria, asignando alrededor de un 5% del presupuesto total para hacer frente a emergencias.
En materia de financiación, se plantea también un mayor uso de fondos europeos como FEDER y FSE+ para fomentar un #desarrollo rural más articulado e integral.
La colaboración con estos fondos permitirá potenciar proyectos de innovación, sostenibilidad y cohesión territorial.
El proceso de diálogo y colaboración con el sector será constante. Amaia Barredo expresó que “el sector agrícola vasco apoya estas líneas de trabajo y pide que se mantenga una interlocución activa con la administración para aportar propuestas y participar en el diseño de la futura PAC”.
El compromiso del Gobierno Vasco es claro: “queremos que Euskadi tenga una voz propia en la formulación de la nueva PAC. Tenemos la experiencia, el conocimiento y la legitimidad institucional para contribuir a una política europea que sea sensible, efectiva y capaz de responder a los desafíos del presente y del futuro”.
