El Observatorio Vasco de Inmigración presenta los resultados de la Encuesta EPADE 2024, que muestra que el 16,6% de la población vasca ha experimentado episodios de discriminación en el último año, con las mujeres siendo las más afectadas y una baja tasa de denuncias.
En Euskadi, una de cada seis personas, aproximadamente el 16,6 %, asegura haber sido víctima de algún episodio de discriminación en los últimos doce meses, según revela la Encuesta de Percepciones y Actitudes en torno a la Discriminación en Euskadi (EPADE) 2024, presentada hoy por el Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi.
Este estudio, que contó con la participación de 1.200 residentes en la región, destaca que las mujeres son quienes enfrentan con mayor frecuencia estas situaciones.
El acto de presentación tuvo lugar en Bizkaia Aretoa, y contó con la presencia de figuras como Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco; Marian Iriarte Ormazabal, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la UPV/EHU; y Julia Shershneva, directora de Ikuspegi y profesora de Sociología en la misma universidad.
La conclusión más relevante del estudio es que, pese a un avance en actitudes inclusivas, persisten desafíos importantes para eliminar los prejuicios existentes en la sociedad vasca.
Según la información proporcionada, solo el 16,1 % de quienes han vivido episodios discriminatorios han presentado alguna denuncia formal, ya sea a través de quejas o reclamaciones.
La mayor parte de las víctimas (57 %) considera que denunciar no sería de utilidad, mientras que un 13,6 % no sabe a quién acudir en caso de sufrir discriminación.
La directora de Ikuspegi resaltó la gravedad de esta situación al señalar que existe una desconexión significativa entre la experiencia de discriminación y la percepción de los recursos de protección, lo que dificulta tomar medidas efectivas.
El estudio también reveló que la discriminación se produce principalmente en espacios públicos (36,6 %) y en ámbitos laborales, tanto en el trabajo (21,6 %) como en la búsqueda de empleo (8,5 %).
El motivo más citado por las víctimas para explicar estas situaciones es ser mujer, con un 40,2 %. Además, el 26,7 % de la población afirma haber sido testigo de escenas discriminatorias, siendo las razones relacionadas con origen extranjero, etnia o color de piel las más comunes.
Julia Shershneva advirtió que estas cifras evidencian una discriminación estructural que impacta de manera desproporcionada a colectivos vulnerables como personas gitanas, inmigrantes, mujeres o quienes tienen bajos recursos económicos.
La directora subrayó que, aunque las instituciones deben actuar, también es fundamental abordar estos problemas desde las acciones cotidianas.
Por su parte, Nerea Melgosa resaltó el compromiso de la sociedad vasca con la diversidad y la inclusión. La consejera afirmó que más del 76 % de la población se muestra favorable a contratar en igualdad de condiciones a personas con escasos recursos, orientación sexual diversa, creencias religiosas diferentes, personas mayores, transgénero, con discapacidad o inmigrantes.
Sin embargo, estas actitudes positivas disminuyen cuando se trata de colectivos particularmente vulnerables, como las personas con enfermedades mentales y las gitanas, donde solo el 64,7 % y el 62,3 % respectivamente, mostrarían predisposición favorable.
El lado residencial no está exento de estas dificultades. Aunque más del 80 % de las encuestadas expresaron que estarían dispuestas a alquilar viviendas a personas mayores, trans, con discapacidad, de diferentes religiones o identidades sexuales, las cifras bajan significativamente para otros grupos vulnerables.
Solo el 58,8 % consideraría alquilar a personas con bajos recursos económicos, y únicamente el 51 % a personas gitanas, con porcentajes aún menores en el caso de si sus familiares o amigos lo harían.
Julia Shershneva advirtió que el acceso a la vivienda constituye uno de los ámbitos donde la discriminación es más prominente en Euskadi. La directora subrayó la necesidad de reforzar las políticas públicas en materia de igualdad, facilitar canales efectivos para denunciar y trabajar en la erradicación de actitudes excluyentes.
La clave, en su opinión, reside en promover una cultura de aceptación auténtica y efectiva que contribuya a construir una convivencia más inclusiva en la región.
Desde hace décadas, Euskadi ha avanzado en numerosos aspectos relacionados con los derechos humanos y la igualdad. La Ley de Igualdad aprobada en 2005 fue uno de los hitos principales, estableciendo medidas específicas para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Sin embargo, aún persisten desafíos, especialmente en la percepción social y en la erradicación de prejuicios arraigados.
Además, la historia social y política de Euskadi ha estado marcada por luchas constantes por derechos civiles y culturales. El País Vasco ha sido escenario de movimientos sociales y sindicales que han trabajado en favor de derechos colectivos, desde la lucha contra la discriminación hasta la promoción de la diversidad cultural y la inclusión social.
Estos avances han permitido, por ejemplo, que la región tenga un nivel de aceptación relativamente alto en comparación con otras zonas del Estado español, aunque el trabajo aún continúa.
El estudio EPADE 2024 evidencia que, si bien la sociedad vasca está mucho más abierta de lo que hace una década, todavía hay una importante labor por hacer para lograr la plena igualdad y aceptación de todos sus miembros.
La sensibilización social, la educación en valores y la implementación de políticas públicas inclusivas son pasos esenciales para reducir las desigualdades y avanzar hacia una comunidad más justa y solidaria.
