Expertos en ciberseguridad analizan en Bilbao las estrategias y retos actuales para fortalecer la protección digital en las instituciones públicas del País Vasco y otras comunidades autónomas españolas.
La sesión, moderada por Javier Díezguez, director general de Cyberzaintza, reunió a destacados expertos en el ámbito de la seguridad tecnológica, quienes discutieron los principales desafíos y las estrategias para crear administraciones públicas más seguras en la era digital.
Durante la jornada, Díezguez destacó la importancia de la colaboración entre diferentes entidades y niveles de gobierno para fortalecer la protección de datos y sistemas informáticos frente a las crecientes amenazas cibernéticas.
En su intervención, también remarcó que, en 2022, el gasto en #ciberseguridad en España alcanzó aproximadamente 920 millones de euros, cifra que se ha incrementado en un 15% en relación con el año anterior en respuesta al aumento de ataques y vulnerabilidades.
La mesa contó con la participación de David Torrijos, responsable de Normativa y Servicios de Ciberseguridad en el Centro Criptológico Nacional, quien explicó que las comunidades autónomas españolas gestionan múltiples sistemas críticos que requieren una actualización constante para hacer frente a los ciberataques, que cada año se vuelven más sofisticados.
Torrijos subrayó que en 2022, las organizaciones públicas españolas enfrentaron más de 487 incidentes de ciberseguridad, incluyendo ataques de ransomware, phishing y accesos no autorizados.
Directora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña
Por su parte, Laura Caballero, directora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, expuso que su agencia ha desarrollado un plan estratégico que prevé una inversión de unos 4,2 millones de euros (unos 4,000 millones de pesetas de hace dos décadas) para la mejora de la infraestructura y las capacidades de respuesta ante emergencias digitales en la región.
Este plan se inscribe en una iniciativa más amplia para fomentar la digitalización segura y proteger los datos de los ciudadanos.
Desde una perspectiva histórica, la ciberseguridad en Europa ha ido evolucionando desde los primeros esfuerzos en los años 90, cuando la protección se centraba en salvaguardar la infraestructura básica.
La transformación digital, acelerada por la pandemia de COVID-19, ha impulsado a las instituciones a adoptar nuevas tecnologías como inteligencia artificial y análisis de big data, lo que también ha aumentado la superficie de vulnerabilidad.
La Unión Europea ha destinado cerca de 2.200 millones de euros en los últimos cinco años para fortalecer la ciberseguridad en los estados miembros, a través del programa NIS2 y otros fondos específicos.
