El congresista estadounidense Bill Huizenga ha presentado un proyecto de ley que podría facilitar la compra de vehículos fabricados en Estados Unidos mediante una deducción fiscal en los intereses de los préstamos automotrices, una medida que busca fortalecer la industria automotriz local y apoyar a los empleos en Michigan y en todo el país.
El pasado 7 de mayo, el congresista estadounidense Bill Huizenga, representante del distrito de West Michigan, propuso una nueva legislación denominada la Ley de Autos Made in America.
Esta iniciativa busca incentivar la adquisición de vehículos ensamblados en Estados Unidos mediante una deducción en los impuestos sobre los intereses pagados en los préstamos para automóviles.
La propuesta establece que los compradores podrán deducir hasta 2.300 euros anuales (equivalente a 2.500 dólares) en intereses de préstamos para vehículos que pesen menos de 6.350 kilogramos y que hayan sido fabricados en EE. UU. La deducción sería válida para autos adquiridos en el año fiscal 2025 y en adelante, y aplicaría tanto a contribuyentes que declaren sus impuestos de manera individual como a quienes lo hagan de forma conjunta.
Este proyecto de ley llega en un momento en que la industria automotriz estadounidense enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la creciente competencia de vehículos importados y las tensiones comerciales internacionales.
La medida busca no solo promover la compra de autos nacionales, sino también proteger y fortalecer la cadena de suministro local, generando empleo y promoviendo el desarrollo económico en estados clave como Michigan, que históricamente ha sido el corazón de la producción automotriz en el país.
La historia de la industria automotriz en Detroit, conocida como la Motor City, es un testimonio del impacto económico y cultural que los autos han tenido en la región y en Estados Unidos en general.
Desde principios del siglo XX, Detroit se convirtió en el epicentro de la fabricación de automóviles, con gigantes como Ford, General Motors y Chrysler estableciendo sus sedes y fábricas allí.
Durante décadas, Detroit fue símbolo del auge de la economía estadounidense, con empleos bien remunerados y una prosperidad que atrajo a millones de inmigrantes y trabajadores de distintas regiones.
Sin embargo, en las últimas décadas, la ciudad enfrentó una profunda crisis industrial, marcada por el cierre de fábricas y una disminución significativa en la producción automotriz, lo que generó un aumento en el desempleo y la pobreza.
A pesar de estos desafíos, la industria automotriz sigue siendo un pilar fundamental para la economía de Michigan y de todo Estados Unidos. La propuesta de Huizenga intenta aprovechar el sentimiento patriótico y el interés en apoyar a los fabricantes nacionales, incentivando a los consumidores a apostar por vehículos producidos en su país y, de esta manera, mantener viva la tradición industrial de Detroit.
Por otro lado, la iniciativa también ha recibido apoyo de empresas del sector, como Ford, que emitieron un comunicado respaldando la propuesta, señalando que facilitaría la compra de autos y promovería la movilidad de los estadounidenses, además de contribuir a la creación y conservación de empleos en la industria.
No obstante, la propuesta también genera debates sobre el impacto fiscal. Se estima que la deducción podría reducir los ingresos del gobierno en aproximadamente 8.300 millones de euros (unos 9.000 millones de dólares) anualmente, lo que desata preocupaciones sobre el déficit y la sostenibilidad a largo plazo de la política fiscal.
El contexto actual, marcado por tensiones comerciales y la imposición de aranceles a importaciones, ha puesto en jaque a la industria automotriz estadounidense.
La medida de Huizenga busca responder a estas tensiones, promoviendo una economía más autosuficiente. Sin embargo, algunos expertos advierten que las deducciones fiscales deben equilibrarse con las necesidades fiscales del Estado para evitar desequilibrios económicos.
En definitiva, la propuesta de la Ley de Autos Made in America representa un intento de revitalizar la industria automotriz local, proteger empleos y promover una economía más independiente.
Solo el tiempo dirá si esta iniciativa logra convencer a los legisladores y a los consumidores, y si puede marcar un cambio en la política económica de Estados Unidos respecto a la fabricación y compra de vehículos nacionales.
