LaLiga estima que las pérdidas anuales por piratería ascienden entre 600 y 700 millones de euros, afectando no solo a los clubes, sino también al fútbol base y a los atletas olímpicos.
Ver deportes a través de transmisiones ilegales puede parecer algo inofensivo, pero en realidad es un delito que tiene consecuencias devastadoras. LaLiga de España ha señalado que las pérdidas causadas por la piratería audiovisual han llegado a alcanzar la impresionante cifra de entre 600 y 700 millones de euros al año, un monto que afecta gravemente a clubes de fútbol y otros sectores relacionados.
La relaxación en las regulaciones globales sobre este tema propicia una creciente impunidad que beneficia a los piratas, quienes, mientras tanto, siguen capitalizando este ilícito negocio.
Esta situación no solo impacta de manera directa a los clubes de Primera y Segunda División, que ven reducidas sus ganancias, sino que también afecta al fútbol base y a los deportistas olímpicos, quienes dependen de un porcentaje de los ingresos generados por LaLiga.
Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha expresado su condena hacia la situación actual, enfatizando que cada euro perdido en derechos de transmisión perjudica no solo a los equipos, sino también a la recaudación fiscal del gobierno español.
En este contexto, LaLiga intenta no solo defender sus derechos, sino también propiciar un entorno donde se respete la propiedad intelectual.
El problema de la piratería no es exclusivo de LaLiga, ya que otras grandes ligas deportivas, como la Premier League, la NBA o la NFL, también enfrentan este desafío.
A medida que las plataformas ilegales proliferan, los medios de comunicación y las compañías que adquieren derechos de transmisión se encuentran en una lucha constante por proteger sus inversiones y su contenido.
A pesar de que LaLiga y otros estamentos deportivos trabajan en colaboración con las cadenas de televisión y los servicios de streaming para combatir este problema, la tarea es compleja.
Las infraestructuras que sostienen la piratería están soportadas por un entramado de empresas de hosteo, proxys y otros intermediarios tecnológicos que permiten que este fenómeno persista.
Cada vez que LaLiga bloquea una IP, los piratas rápidamente encuentran nuevas formas de eludir las restricciones, lo que convierte su lucha en una guerra desigual.
Se estima que los cibercriminales generan ganancias extraordinarias a través de sus actividades ilegales, que en 2022 se cifraron en cerca de 7 billones de euros.
Esta cifra resalta la magnitud de un problema que se agrava por la falta de legislación adecuada en muchos países, donde la piratería sigue siendo un delito poco castigado.
LaLiga ha implementado un equipo de tecnología especializado, conocido como War Room, que opera en sus oficinas en Madrid y se dedica a monitorear el uso ilegal de sus contenidos.
A través de herramientas avanzadas, buscan identificar y tomar acciones contra las plataformas de streaming que ofrecen estos servicios de manera ilegal.
El objetivo es limitar la difusión de estos contenidos y aplicar las medidas judiciales necesarias para proteger sus derechos.
Sin embargo, los desafíos son enormes. La velocidad con la que los piratas de contenido se adaptan y responden a las acciones legales dificulta la recuperación de los ingresos perdidos. A pesar de los esfuerzos realizados, LaLiga reconoce que la batalla contra la piratería continúa y que necesita más herramientas legales para actuar rápidamente ante la infracción de derechos, especialmente en países como Argentina, donde la situación es todavía más complicada debido a la lentitud de los procesos judiciales.
El futuro del fútbol y el respeto a los derechos de autor dependen en gran medida de una respuesta global concertada y de la voluntad de todos los actores involucrados para enfrentar este problema de manera efectiva.
Solo así se podrá lograr un entorno donde los espectadores puedan disfrutar de los deportes de forma legal y los clubes puedan recibir el justo reconocimiento por su trabajo.
