La Generalitat de Cataluña ha resuelto las alegaciones recibidas sobre la limitación del precio del alquiler en 140 municipios. Se han introducido enmiendas en la memoria definitiva para rebajar el número de inmuebles que determinan quién es considerado un gran tenedor. Además, se excluyen a los promotores sociales y los promotores privados de inmuebles de protección oficial destinados a la venta. La medida busca limitar el precio del alquiler en estos municipios donde residen 6,2 millones de personas.
La Generalitat de Cataluña ha resuelto las alegaciones que ha recibido referentes a la declaración de 140 municipios como zonas de mercado residencial tensionado, con el propósito de limitar el precio del alquiler.
Esta medida busca hacer frente a la problemática de los altos precios en el mercado de alquiler en Cataluña.
Dentro de las enmiendas introducidas en la memoria definitiva, se ha rebajado el número de inmuebles que determinan quién es considerado un gran tenedor.
Anteriormente, se requería poseer más de 10 inmuebles para ser considerado como tal; ahora, se establece que son aquellos propietarios de 5 o más inmuebles de uso residencial.
Además, se ha excluido a los promotores sociales y a los promotores privados cuyo objetivo sea la promoción de inmuebles de protección oficial para la venta y no para el alquiler.
De esta forma, la memoria definitiva considera gran tenedor a aquella persona física o jurídica que posea cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros, a excepción de los promotores sociales.
Con la firma de la memoria definitiva, se espera que sea aprobada en breve y pueda entrar en vigor dentro de poco tiempo.
Esta medida permitirá la limitación del precio del alquiler en los 140 municipios afectados, donde habitan 6,2 millones de personas, lo que corresponde al 80,6 % de la población.
En cuanto a las alegaciones restantes, han sido desestimadas las que solicitaban una compensación económica para los propietarios, las que cuestionaban la competencia de la Generalitat para regular el precio del alquiler, así como los datos utilizados para redactar la memoria y los informes de cada municipio.
También se han desestimado las alegaciones que pedían la posibilidad de declarar como zona tensa una unidad menor dentro de cada municipio.