La vicepresidenta de Castilla y León propone en Bruselas una política de cohesión renovada y participativa que permita a las regiones gestionar fondos y tomar decisiones para afrontar la despoblación y el envejecimiento poblacional.

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Durante la reunión del Comité de las Regiones en Bruselas, Isabel Blanco, vicepresidenta de Castilla y León, expresó la necesidad de reformar la Política de Cohesión de la Unión Europea para que sea más inclusiva y adaptada a las necesidades específicas de las regiones, especialmente en el contexto del desafío demográfico que enfrenta la UE.

La dirigente regional abogó por una política que otorgue mayor autonomía a las comunidades y municipios para gestionar fondos y diseñar políticas que respondan a sus realidades locales, particularmente en las zonas rurales donde la pérdida de población y el envejecimiento son un problema creciente.

Este asunto ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, ya que cerca de una sexta parte de las regiones europeas presentan una tendencia de disminución poblacional, una situación que afecta directamente al crecimiento económico y a la sostenibilidad de los sistemas sociales.

Castilla y León, por ejemplo, con una población de aproximadamente 2,4 millones de habitantes y 2.248 municipios, enfrenta múltiples retos demográficos. La dispersión de su población, con el 36% viviendo en áreas rurales, y la baja densidad en muchas localidades, hacen que la prestación de servicios básicos sea mucho más costosa.

Según datos de la OCDE, el coste anual de la educación en municipios pequeños de esta comunidad puede ser hasta un 33% superior al de zonas urbanas, y el gasto en atención sanitaria para mayores de 75 años puede multiplicarse por siete en comparación con adultos jóvenes.

A pesar de estos obstáculos, Castilla y León ha logrado avances significativos en áreas como la educación y la sanidad. La comunidad es pionera en España en mantener abiertos sus centros educativos incluso en localidades con solo tres alumnos, y ha implementado programas de retención y retorno de talento.

Además, su sistema sanitario, reconocido como uno de los mejores de Europa, ofrece atención primaria de calidad incluso en los municipios más pequeños, incluyendo unidades de salud mental.

En el ámbito social, la Junta invierte en tecnología e innovación para mejorar los sistemas de atención a personas dependientes y vulnerables, garantizando que el sistema de cuidados llegue de manera equitativa a todo el territorio.

En cuanto a dinamización económica, Castilla y León apuesta por potenciar sectores tradicionales con alto potencial en zonas rurales, como la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria, el sector forestal y el turismo.

Para promover el crecimiento y la creación de empleo, la comunidad ha identificado la necesidad de mejorar las infraestructuras, facilitar la creación de vivienda y extender la conectividad digital.

Iniciativas como el transporte a la demanda buscan mejorar la movilidad en áreas rurales, ayudando a reducir el aislamiento y a atraer población joven.

Estas políticas han dado sus frutos, ya que en los últimos tres años, Castilla y León ha registrado un saldo migratorio positivo de aproximadamente 3.000 residentes, mostrando que las estrategias implementadas están empezando a revertir la tendencia de despoblación.

Durante su intervención, Blanco subrayó que las regiones deben ser las principales protagonistas en la ejecución de las políticas de cohesión, pues conocen mejor que nadie las fortalezas y debilidades de sus territorios.

Además, defendió que las líneas de financiación específicas y la mayor autonomía en la gestión de fondos permitirán diseñar soluciones más eficaces y ajustadas a la realidad local.

La vicepresidenta también resaltó que el envejecimiento poblacional no solo afecta el crecimiento económico, sino que también incrementa la presión sobre los sistemas de protección social y eleva los costes de los servicios públicos en zonas rurales.

Esta visión de gestión adaptada a las particularidades demográficas se ejemplifica claramente en Castilla y León, donde la dispersión y el envejecimiento poblacional constituyen un reto técnico y financiero.

Sin embargo, con políticas innovadoras y una mayor autonomía, la comunidad ha logrado contrarrestar parcialmente estos efectos. La apuesta por un modelo participativo y coordinado, que involucre a todos los niveles de administración, busca fortalecer la cohesión social y territorial en toda la Unión Europea, poniendo a las regiones en el centro del desarrollo sostenible y equitativo.

En definitiva, la propuesta de Castilla y León para una Política de Cohesión centrada en el reto demográfico refleja una estrategia integral que combina innovación, inversión y participación local.

Este enfoque no solo busca frenar la despoblación, sino también crear un entorno en el que las comunidades rurales puedan prosperar y ofrecer calidad de vida a sus habitantes, asegurando un futuro más equilibrado y sostenible para toda la Unión Europea.