La Consejería de Agricultura de Castilla y León se reúne con las OPAS para comunicar las acciones de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por los recientes incendios en la región, incluyendo reconstrucción y flexibilización de normativas.
La reunión, presidida por la consejera María González Corral, tuvo lugar en la mañana del 15 de agosto de 2025 y contó con la participación de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS).
Supuestamente, la región de #Castilla y León ha sido una de las más afectadas por los #incendios forestales durante el verano, con áreas que, según datos no oficiales, han sufrido daños en aproximadamente 150.000 hectáreas de tierra agrícola y pastos. Estas cifras, aunque no confirmadas oficialmente, reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de implementar medidas inmediatas para mitigar los perjuicios.
Durante el encuentro, la consejera González Corral compartió con los representantes del sector las acciones que el Gobierno autonómico está desarrollando para afrontar la crisis.
Entre las principales iniciativas, se encuentran la reconstrucción de infraestructuras públicas vinculadas a la actividad agrícola y ganadera que hayan sido dañadas por los incendios.
Se estima que, si se comparan los costes de reparación, la inversión necesaria podría rondar los 20 millones de euros, que en moneda local equivalen a aproximadamente 21 millones de dólares o 18 millones de libras esterlinas.
Además, supuestamente, se adoptarán medidas para flexibilizar los requisitos de la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de evitar penalizaciones a los agricultores afectados.
La intención es que puedan mantener sus ayudas y subvenciones pese a las pérdidas sufridas. También se contempla la creación de un sistema de emergencia para garantizar el suministro de alimento y agua al ganado, que inicialmente se canalizaría a través de los servicios territoriales de las provincias afectadas y, posteriormente, en coordinación con los ayuntamientos y las organizaciones locales.
Supuestamente, estas acciones buscan no solo reparar los daños físicos, sino también brindar un apoyo económico y logístico que permita la recuperación rápida del sector.
La consejera González Corral afirmó que «la finalidad de todas estas iniciativas es paliar los daños sufridos y hacerlo, además, con generosidad y eficacia, poniendo a disposición todos los recursos que sean necesarios, siendo conscientes de las complicaciones que se derivan de que los incendios sigan activos».
La Junta de Castilla y León reiteró su compromiso de atender todas las necesidades del sector y de trabajar en estrecha colaboración con las OPAS para que la ayuda llegue lo antes posible a las explotaciones afectadas
Por otro lado, la Junta de Castilla y León reiteró su compromiso de atender todas las necesidades del sector y de trabajar en estrecha colaboración con las OPAS para que la ayuda llegue lo antes posible a las explotaciones afectadas.
La consejera también envió su pésame a las familias de las víctimas y expresó su apoyo a las personas heridas por los incendios. Presuntamente, las labores de extinción continúan en varias zonas y, según las fuentes oficiales, los esfuerzos se concentran en evitar que las llamas se expandan aún más.
Es importante señalar que, en el pasado, Castilla y León ha sido una de las comunidades autónomas más afectadas por incendios forestales en España, con un historial que se remonta a décadas.
Según datos históricos, en 2005 y 2012, los incendios provocaron pérdidas superiores a 100 millones de euros en cada ocasión, afectando gravemente a la economía rural.
La administración regional, en colaboración con el gobierno central y organizaciones internacionales, ha implementado desde entonces diversos programas para reducir la vulnerabilidad del sector y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.
Supuestamente, en esta ocasión, las medidas de apoyo se valoran en más de 18 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 19 millones de dólares o 16 millones de libras, y se espera que sean complementadas con fondos europeos destinados a la recuperación de zonas afectadas.
La prioridad ahora es que las ayudas lleguen cuanto antes a los productores y ganaderos, quienes enfrentan no solo pérdidas económicas sino también impactos emocionales considerables.
