La Junta de Castilla y León lanza una importante oferta de empleo con casi 400 plazas fijas para diferentes categorías en la administración autonómica, reforzando el empleo público y la calidad de los servicios a los ciudadanos.
La Junta de Castilla y León ha dado a conocer una convocatoria que contempla la incorporación de casi 400 nuevos empleados en la administración regional, en un esfuerzo por mejorar y consolidar los servicios públicos en toda la comunidad.
La Consejería de la Presidencia publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León un total de 18 procesos selectivos que ofrecen 392 plazas de personal laboral fijo distribuidas en diversas categorías profesionales.
De estas, 370 están abiertas al turno libre y 22 están reservadas para personas con discapacidad, en línea con las políticas de inclusión y igualdad del gobierno autonómico.
Estas convocatorias representan un paso importante en la estrategia del ejecutivo regional para fortalecer la estructura del empleo público, ofreciendo estabilidad laboral y fomentando la profesionalización en diferentes ámbitos administrativos.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó que estas plazas reflejan el compromiso del gobierno de seguir mejorando la eficiencia y la calidad del funcionamiento administrativo, además de contribuir a rejuvenecer las plantillas laborales, que en muchas áreas necesitan renovación y actualización.
El personal laboral en la administración regional engloba a profesionales que desempeñan tareas técnicas, operativas o de apoyo, diferenciándose del personal funcionario, que realiza funciones principalmente administrativas.
La distribución de las plazas se realiza en cuatro grupos, en función del nivel de formación y especialización requerida.
Dentro del Grupo IV, que comprende las categorías con menor nivel de formación formal, se ofertan 116 plazas. Entre ellas, destacan 40 para peones de montes y extinción de incendios, vitales para la protección del medio ambiente en Castilla y León, y 35 para ayudantes de cocina, esenciales en centros públicos como residencias, hospitales y centros educativos.
El Grupo III ofrece 125 plazas, incluyendo 38 para operadores de centro de mando, que coordinan emergencias y servicios públicos, y 34 para conductores, quienes aseguran la movilidad y transporte de personal sanitario y técnico en diferentes situaciones.
En el Grupo II, con 102 plazas, se incluyen 54 para enfermeros, fundamentales en residencias, centros de atención a discapacitados y otros centros sociales, que han tenido un papel crucial durante la pandemia de COVID-19.
Además, hay 22 plazas para Técnicos en Gestión Informática, encargados de mantener los sistemas digitales en funcionamiento, y garantizar la seguridad y eficiencia en las operaciones digitales.
Finalmente, en el Grupo I, con 27 plazas, se encuentran 15 para médicos generales que trabajan en centros no sanitarios, y 12 para Técnicos superiores en informática, cuya función es gestionar bases de datos, mejorar la ciberseguridad y desarrollar aplicaciones digitales que optimizan la administración pública.
Estas plazas corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2024, así como a las correspondientes de 2022 y 2023 que aún no han sido convocadas, en cumplimiento con las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público.
La selección de los candidatos será mediante un sistema de concurso-oposición, que incluirá una fase de exámenes y una posterior valoración de méritos como experiencia laboral, titulaciones, idiomas y otros aspectos relevantes.
Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes desde el próximo lunes hasta el 13 de junio, con la expectativa de cubrir estas vacantes en un contexto en el que la estabilidad laboral y la mejora de los servicios públicos son prioritarios.
El proceso de sorteo realizado en marzo estableció que el orden de actuación de los aspirantes será por la letra 'T', siguiendo el sorteo público que garantiza la objetividad y transparencia en las pruebas.
El consejero González Gago reiteró la importancia del trabajo de estos empleados públicos en el día a día de la administración regional, asegurando que cada puesto contribuye a una gestión cercana, eficaz y humana, que beneficia directamente a todos los ciudadanos de Castilla y León.
La creación de estas plazas no solo responde a una necesidad de reforzar el personal, sino también a un compromiso histórico de la comunidad para consolidar un empleo estable y de calidad en el sector público, con una visión de futuro que apuesta por la modernización y la eficiencia de sus instituciones.
