La Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias firman una declaración conjunta con las principales demandas del sector agrícola para la próxima Política Agraria Común, incluyendo mantenimiento de estructura, incremento presupuestario y apoyo al relevo generacional.
En la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León celebrada hoy en Medina del Campo, se ha aprobado una declaración conjunta en la que la Junta de Castilla y León y las principales organizaciones profesionales agrarias (OPAS) expresan sus reclamaciones para la próxima Política Agraria Común (PAC) 2028-2034.
Este encuentro, que tuvo lugar en el Salón de Escudos del Ayuntamiento de Medina del Campo, refleja el compromiso del sector agrícola de la región con una serie de medidas que consideran fundamentales para su sostenibilidad y desarrollo futuro.
El documento, presentado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, surge del trabajo realizado por un grupo especializado tras el último Consejo Regional Agrario y busca fomentar un diálogo constructivo y el consenso entre todos los actores implicados.
Entre las principales reivindicaciones se destaca la necesidad de mantener la estructura actual de la PAC en dos pilares: FEAGA (Fondo Europeo de Garantía Agraria) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).
La propuesta de un fondo único, que otorgue mayor autonomía a cada Estado para decidir su distribución, preocupa al sector, que aboga por preservar el modelo actual para garantizar una distribución equitativa y efectiva de los fondos.
Asimismo, se reclama un aumento en la dotación presupuestaria dentro del Marco Financiero Plurianual, equivalente a aproximadamente 16.500 millones de euros en el contexto europeo, buscando fortalecer las ayudas directas y los programas de desarrollo rural.
Otra de las prioridades es impulsar incentivos económicos para promover el relevo generacional en el campo, un aspecto clave para garantizar la continuidad del sector agrícola y ganadero en Castilla y León, que cuenta con un porcentaje elevado de jóvenes agricultores que enfrentan dificultades para acceder a la tierra y financiamiento.
La participación activa de las comunidades autónomas en el diseño de la PAC también es una demanda fundamental, dado que estas administraciones gestionan aproximadamente el 50% de la inversión pública en el sector y representan el 30% del gasto agrícola regional.
La declaración aboga por que las ayudas tengan en cuenta la despoblación, estableciendo criterios que favorezcan la distribución de fondos en zonas rurales con menor densidad de población, para reducir las desigualdades territoriales.
El documento también hace hincapié en la simplificación administrativa, solicitando la reducción de trámites burocráticos y una mayor eficiencia en la gestión de recursos, así como en la mejora de infraestructuras hidráulicas para modernizar los sistemas de riego, esenciales en un contexto de cambio climático y escasez de agua.
Por otro lado, las organizaciones piden que las prácticas de protección ambiental no limiten la capacidad productiva, proponiendo incentivos que favorezcan una agricultura sostenible sin perjudicar la competitividad.
También se requiere la creación de mecanismos legales que aseguren precios justos para los productores y que promuevan la reciprocidad en las importaciones, especialmente en productos que puedan estar sujetos a prácticas no sostenibles o técnicas genómicas.
Asimismo, la declaración subraya la importancia de no retirar sustancias fitosanitarias si no existen alternativas viables, garantizando así la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.
La digitalización del sector agrícola también figura entre las medidas propuestas, con programas de apoyo para la transformación digital que faciliten la innovación y la competitividad.
En el ámbito internacional, el sector agrícola de Castilla y León ha mostrado preocupación por la amenaza de posibles aranceles por parte de Estados Unidos, que en 2024 representaron aproximadamente 2.860 millones de euros en exportaciones, lo que equivale al 3,2% del total de la región. La consejera González Corral destacó el plan de choque de 16,500 millones de euros impulsado por la Junta para contrarrestar los efectos de estas medidas y la colaboración con partidos políticos y sectores productivos para defender los intereses de la comunidad.
En paralelo, se han realizado reuniones con las Denominaciones de Origen del sector vitivinícola para abordar la situación generada por los aranceles, y se prevé ampliar estos encuentros a otros ámbitos, como la industria y las cooperativas.
Finalmente, el Consejo Agrario también sirvió para poner en valor la feria Demoagro 2025, que se celebrará en Medina del Campo del 20 al 22 de mayo.
Este evento, único en España en su género, permite a los profesionales del campo experimentar en campo las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, incluyendo equipos autónomos, drones agrícolas y sistemas de pulverización inteligente.
La feria, organizada por ANSEMAT, contará con la participación de 90 expositores en una superficie de más de 80 hectáreas y será una plataforma para mostrar las tecnologías más avanzadas en el sector.
Además, la Junta ha firmado un convenio con ANSEMAT para facilitar la participación de estudiantes de los Centros Integrados de Formación Profesional Agraria en actividades de formación práctica y teórica, con el objetivo de promover la innovación y la capacitación en las nuevas tecnologías agrícolas.
Este acuerdo busca fortalecer la colaboración entre el sector educativo y el empresarial, promoviendo la modernización del campo en Castilla y León y asegurando un relevo generacional activo y preparado para los retos del futuro.
