El Ayuntamiento de Zaragoza alerta sobre la situación de vulnerabilidad de 40 hombres migrantes que, pese a tener derecho a protección internacional, se encuentran en la calle debido a la falta de recursos del Gobierno central, lo que obliga al municipio a intervenir con recursos propios.

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Los servicios sociales especializados del Ayuntamiento de Zaragoza actualmente están atendiendo a 40 hombres migrantes que, a pesar de contar con derecho a la protección internacional otorgada por el Gobierno de España, han sido expulsados y se encuentran sin recursos, viviendo en la calle.

La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento, Marian Orós, ha denunciado esta situación, calificándola como un claro reflejo del "descontrol y colapso migratorio" que sufre la gestión central.

Desde hace meses, el Ayuntamiento ha sido testigo del incremento en el número de migrantes que, tras meses en programas de acogida, se ven de un día para otro sin asistencia efectiva y sin recursos adecuados.

En marzo, la situación se agravó cuando un grupo de medio centenar de hombres, en su mayoría procedentes de Mali, acudieron a la Casa de las Culturas en busca de ayuda, ya que su estancia en alojamientos temporales había llegado a su fin o estaban siendo informados de que debían abandonar los hoteles donde residían.

Esta crisis llevó al Ayuntamiento a solicitar una reunión con la Delegación del Gobierno en Aragón para buscar una solución, pero las respuestas no llegaron y la situación se fue complicando aún más.

Marian Orós ha señalado que, según las informaciones recibidas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha emplazado a estos migrantes a una reunión para ofrecerles salir del programa de acogida y trabajar en el sur de España, con contrato laboral, una medida que, si bien puede parecer una solución, no ha resuelto la problemática actual.

El problema persiste y ha quedado evidenciado en los 40 hombres que actualmente están siendo atendidos en el Albergue municipal de Zaragoza. La mayoría son jóvenes originarios de países como Mali, Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Somalia. Estos perfiles, que corresponden a los conveniados con el Ministerio, deberían estar alojados en recursos gestionados por entidades colaboradoras del Gobierno, pero debido a la descoordinación y al colapso del sistema, el Ayuntamiento ha tenido que asumir la responsabilidad de brindarles alojamiento y asistencia, convirtiendo recursos destinados a personas sin hogar en un refugio improvisado para migrantes en situación vulnerable.

Marian Orós ha enfatizado que Zaragoza necesita recursos adicionales para poder afrontar una asistencia social efectiva, ya que el Gobierno español está dejando en gran medida de lado esta responsabilidad.

La alcaldesa ha declarado que la ciudad continúa con su política de acogida, pero que exige un reconocimiento institucional, ya que "estamos hablando de personas, no de competencias".

La situación, además, no es nueva: en los últimos años, la migración y los desajustes en la gestión de recursos sociales han puesto a prueba la capacidad de varias ciudades españolas, que han tenido que recurrir a soluciones improvisadas ante la falta de apoyo central.

Para hacer frente a esta crisis, el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que ya trabaja en un plan de choque destinado a poner soluciones inmediatas y a coordinar mejor las acciones de atención a los migrantes.

La situación revela la necesidad urgente de una política migratoria más eficiente y de recursos suficientes para garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, independientemente de la gestión central, que en este caso, según denuncia la alcaldesa, no ha estado a la altura de las circunstancias.

La problemática en Zaragoza es solo un ejemplo de los desafíos que enfrentan muchas ciudades españolas en un contexto de aumento de flujos migratorios sin una planificación adecuada por parte del Estado.