El Ayuntamiento de Zaragoza adapta el cálculo de la renta de alquiler a la realidad económica actual, beneficiando a muchas familias.

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El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido implementar cambios significativos en los criterios para el cálculo de la renta de alquiler, con el objetivo de alinearlos con la situación económica actual y el impacto que tiene sobre los ingresos de los inquilinos que residen en propiedades administradas por Zaragoza Vivienda.

Este acuerdo, que recibió el apoyo unánime en el Consejo de Administración de la entidad municipal de vivienda, fue ratificado en febrero y busca responder a la reducción del poder adquisitivo que han experimentado muchas familias en los últimos años.

Según el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, se ha observado que, a pesar de que algunos hogares han visto incrementados sus ingresos debido al aumento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la mejora de las pensiones, la presión fiscal y económica sigue afectando gravemente el poder adquisitivo de estas familias.

Rodrigo destacó que el aumento de los precios de productos básicos, tales como alimentos y suministros, ha afectado en mayor medida a las familias con menores recursos económicos.

Por lo tanto, el propósito de esta modificación es ajustar el monto del alquiler a estas nuevas circunstancias socioeconómicas, de modo que refleje de manera más precisa la realidad de cada unidad de convivencia y se alinee con la normativa vigente.

De esta forma, la renta mensual de alquiler se calculará en función del esfuerzo económico que representa para los ingresos netos de la unidad de convivencia durante los últimos tres meses.

Se tomarán en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad, aunque los ingresos de los descendientes menores de 25 años se considerarán al 50%.

Además, no se incluirán en este cálculo las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia.

A partir del 1 de marzo de 2025, el precio del alquiler se fijará en 4 euros por metro cuadrado para los nuevos contratos. Este precio se ajustará anualmente en función del Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda o el índice que lo sustituya. Además, el alquiler general de los contratos de arrendamiento será determinado tomando en cuenta la carga económica que representa para las unidades de convivencia, incluyendo los gastos de comunidad como parte del alquiler.

Se ha establecido un precio mínimo de 85 euros mensuales para el alquiler. Las unidades de convivencia con ingresos netos que no superen 1 IPREM pagarán este importe mínimo. Para aquellos que superen 1 IPREM, el monto de la renta y los gastos de comunidad no podrá exceder entre el 15% y el 30% de los ingresos netos de la unidad, aumentando progresivamente hasta un máximo del 30% para quienes superen 2,5 IPREM.

Además de considerar los ingresos netos, se aplicarán reducciones en función del número de miembros en la unidad de convivencia. Así, habrá una reducción de 10 euros al mes por cada miembro adicional a partir del tercer integrante, con la intención de reconocer la vulnerabilidad de estas familias.

Esta cantidad se actualizará anualmente de acuerdo con el IPC y se aplicará a unidades de convivencia cuyos ingresos no superen 3 IPREM.

Asimismo, se contemplan situaciones especiales, como las familias monoparentales y aquellas con menores de 18 años con discapacidad superior al 33%, quienes recibirán una reducción de 20 euros mensuales, también sujeta a actualización anual con el IPC.

Estos criterios de reducción son independientes, aunque pueden aplicarse de forma conjunta. Rodrigo también mencionó que estos criterios serán revisados cada cinco años, salvo que surjan circunstancias extraordinarias que impacten la vida de los inquilinos, asegurando así que sigan siendo relevantes en un contexto en constante cambio.

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