Las comunidades autónomas controladas por el Partido Popular han elevado su voz en el Senado para solicitar de forma urgente la derogación de la Ley de Vivienda promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, a la que consideran responsable de la actual crisis habitacional en España.

Esta ley, que supuestamente busca proteger a los inquilinos y regular el mercado, ha sido criticada por convertir la vivienda en una herramienta demagógica y de intervención estatal que, según los conservadores, solo ha generado más precariedad, menor oferta y precios en máximos históricos.

Supuestamente, desde su aprobación, los precios de la vivienda en el país han subido en torno a un 15%, alcanzando niveles que en euros equivaldrían a aproximadamente 170.000 euros por una vivienda media en las principales ciudades, lo que supone un incremento del 25% respecto a los valores previos a la ley. Los expertos sugieren que esta situación se debe en parte a las restricciones y obstáculos que ha impuesto la legislación, que ha dificultado la construcción y el acceso a la vivienda por parte de las familias jóvenes.

Los consejeros del PP en el Senado han reivindicado la puesta en marcha del Plan de Vivienda propuesto por Alberto Núñez Feijóo, que contempla medidas para flexibilizar el uso del suelo, agilizar las licencias y reforzar la promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en propiedad.

Además, proponen incrementar el parque de alquiler asequible a través de la colaboración público-privada, con el objetivo de que la vivienda vuelva a ser una «hucha» para las familias, como en épocas pasadas.

En su intervención, los representantes del PP han exigido la convocatoria «urgente» de la Conferencia Sectorial de Vivienda, ya que consideran incomprensible que, a pesar de ser este uno de los principales problemas reconocidos por la ciudadanía, el Ministerio de Isabel Rodríguez no haya convocado dicha reunión desde hace más de ocho meses.

Asimismo, han criticado la ausencia de la ministra en las reuniones del Senado y han asegurado que su actitud refleja una ceguera ideológica que impide escuchar las necesidades reales de las comunidades.

Otro de los puntos importantes abordados ha sido la Ley Antiokupación, aprobada en el Senado hace casi un año y medio con una mayoría significativa.

Los consejeros del PP han reclamado su desbloqueo, acusando a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, de «secuestrar la democracia» al aprobar 54 prórrogas para impedir que la ley sea debatida en el Congreso.

La medida, consideran, es fundamental para luchar contra la ocupación ilegal y garantizar la seguridad jurídica.

Supuestamente, Pedro Sánchez ha perdido la autoridad moral y política para liderar cualquier pacto en materia de vivienda, después de que su propuesta no fuera una oferta de diálogo, sino un «chantaje» a quienes no aceptan sus condiciones.

Los conservadores han criticado que, en 2024, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deje sin ejecutar casi el 67% del presupuesto destinado a vivienda, unos 2.300 millones de euros, lo que demuestra una gestión ineficaz y un desinterés por solucionar el problema.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha señalado que la grave situación del sector es consecuencia de la incompetencia, el sectarismo y el intervencionismo del Gobierno, que ha convertido la política de vivienda en un juguete electoral y en un escenario de propaganda.

Para ella, la vivienda no puede seguir siendo un arma política y es hora de implementar políticas que realmente funcionen y beneficien a los ciudadanos.

En este contexto, los representantes del PP han recordado que la histórica crisis de vivienda en España no es un fenómeno nuevo, sino que se ha agravado en los últimos años.

Supuestamente, durante la crisis económica de 2008, el mercado inmobiliario colapsó, dejando a miles de familias en la calle y generando una crisis social profunda.

La recuperación, que se inició en 2014, se vio nuevamente afectada por las políticas de Sánchez, que han limitado la oferta y elevado los precios.

Finalmente, los consejeros del PP han expresado su compromiso con un modelo de país donde el esfuerzo tenga recompensa, donde los jóvenes puedan emanciparse sin obstáculos y donde la ley proteja a quienes cumplen con sus obligaciones.

Han añadido que Pedro Sánchez no ha sabido gobernar en estos años y que España necesita con urgencia un cambio en las políticas de vivienda, que prioricen la creación de un mercado accesible y justo para todos.