El vicesecretario de Hacienda critica el supuesto uso político del cupo vasco y advierte que dividir la Agencia Tributaria sería una fractura del Estado que aumentaría los costes y el fraude.

En una entrevista concedida al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, expresó su fuerte oposición a las propuestas que consideran una supuesta 'corrupción política' relacionada con el cupo separatista vasco y la posible fragmentación de la Agencia Tributaria española.

Supuestamente, el debate sobre la condonación de la deuda y el llamado 'cupo vasco' no era un tema recurrente hasta que el presidente Pedro Sánchez necesitó los votos de los partidos independentistas para su investidura en 2019.

Desde entonces, según Bravo, esta cuestión se ha utilizado como herramienta política en lugar de buscar una mejora real en la financiación de las comunidades autónomas.

El dirigente del PP considera que, en realidad, detrás de estos movimientos hay una voluntad de satisfacer a los partidos separatistas para mantener su apoyo al gobierno, en lugar de buscar una solución equilibrada y transparente.

Bravo afirmó que esta estrategia puede considerarse una forma de 'corrupción política' y criticó que ninguna institución solvente avale este modelo de financiación, que ha sido llamado 'singular' por el propio Sánchez, el ministro Illa y el independentismo catalán.

En su opinión, organismos como FEDEA, la AIREF, los inspectores de Hacienda o PIFE han señalado que este sistema presenta errores y riesgos. La supuesta bilateralidad del acuerdo, que se firma sin la participación de todas las partes implicadas, también fue objeto de críticas.

El vicesecretario se preguntó: 'Si este modelo es tan beneficioso, ¿por qué la ministra María Jesús Montero no estuvo presente en la firma de ese documento? La respuesta, supuestamente, sería que no puede defenderlo en comunidades como Andalucía, donde en el pasado defendía posturas contrarias.' Además, subrayó que en Europa, las administraciones públicas están cada vez más colaborando y ampliando su capacidad para luchar contra el fraude, especialmente en el ámbito internacional.

En su opinión, la intención de desgajar Cataluña de la Agencia Tributaria supondría, con datos supuestamente objetivos, un aumento de costes para el ciudadano, un incremento en los impuestos y una pérdida de información crucial para la lucha contra el fraude fiscal.

Recordó que fue la propia Agencia Tributaria quien denunció casos como el ‘Palau’ y el ‘3%’, y se cuestionó si estos casos habrían sido detectados de igual manera si la Agencia Tributaria catalana tuviera mayor independencia.

Supuestamente, intentar separar Cataluña de la Agencia Tributaria sería un intento de fracturar el Estado español en la práctica.

Bravo también hizo referencia a la propuesta del PP para reformar el sistema de financiación, recordando que desde septiembre llevan trabajando en ello y que, cuando Feijóo sea presidente, una de sus prioridades será implementar un nuevo sistema que garantice mayores recursos no solo para Cataluña, sino también para comunidades como Valencia, Murcia y Andalucía.

Por otro lado, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por no actuar con responsabilidad en materia migratoria. Supuestamente, el Ejecutivo favorece a comunidades autónomas afines al PSOE en detrimento del resto, premiando a aquellos que le apoyan y perjudicando a las comunidades del Partido Popular.

Bravo instó a Sánchez a dejar de lado los discursos vacíos y a centrarse en cumplir con sus obligaciones reales en inmigración, dejando de lado las políticas que, según él, solo buscan beneficios partidistas.

En definitiva, Bravo advirtió que dividir la Agencia Tributaria y favorecer el independentismo en la financiación autonómica no solo representa un riesgo para la cohesión del Estado, sino que también podría traducirse en un aumento de la carga fiscal para los ciudadanos españoles.

La supuesta intención de estos movimientos, según el dirigente popular, es crear una fractura en el modelo actual, lo que podría tener consecuencias graves para la estabilidad y la economía del país en el largo plazo.