En el marco del debate sobre el Proyecto de Ley para establecer la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la senadora del Partido Popular, Rosa Romero, ha realizado duras críticas hacia el Gobierno, calificando la propuesta como una verdadera chapuza legislativa carente de fundamento técnico y jurídico.

Supuestamente, la ley ha sido aprobada en el Pleno del Senado sin que exista una memoria económica que garantice la financiación necesaria para el funcionamiento efectivo de la agencia.

Romero ha señalado que, al igual que ocurrió con la Ley ELA en tiempos pasados, en la que supuestamente se prometió dotar de recursos a la organización, aún a nueve meses de su aprobación no hay fondos asignados.

Esto, según la senadora, deja en evidencia la improvisación y la falta de planificación del Ejecutivo.

Supuestamente, en el texto del proyecto no se detalla cómo se estructurará la agencia, cuáles serán sus competencias o cómo funcionará en la práctica, ya que estos aspectos quedarían para un reglamento posterior.

Romero ha expresado su preocupación, asegurando que sin recursos esta entidad será un organismo vacío e inoperante, incapaz de cumplir con su propósito de fortalecer la salud pública en el país.

Históricamente, la creación de órganos similares ha estado marcada por debates sobre financiación y competencia. Por ejemplo, en 2004, la Ley de Salud Pública del país supuestamente sufrió retrasos en su implementación debido a la falta de recursos económicos, lo que retrasó la modernización de los sistemas sanitarios en varias comunidades autónomas.

Romero ha recordado que desde el Partido Popular llevan años reclamando la constitución de esta agencia, ya que consideran que resulta imprescindible contar con un organismo dedicado a la promoción y prevención de la salud, así como a preparar al Estado frente a futuras amenazas sanitarias.

Sin embargo, la actual propuesta, según ella, solo parece ser una medida cosmética y un acto de propaganda del Gobierno.

“¿Cuándo piensan dotarla de presupuesto? ¿Seguirán poniendo solo migajas para calmar a la oposición?”, ha preguntado Romero, quien ha acusado al Ejecutivo de gestionar la salud pública con criterios políticos e ideológicos en lugar de basarse en la ciencia y la profesionalidad.

Supuestamente, el texto también presenta problemas en su trámite parlamentario, ya que en el Congreso se han introducido enmiendas que, según los propios servicios jurídicos, son inconstitucionales y no tienen relación con el objetivo principal de la ley.

Además, se sospecha que el Gobierno intenta colocar a Fernando Simón como director de la agencia, una elección que Romero ha calificado como una decisión controvertida, dada su gestión durante la pandemia.

En plena crisis sanitaria y con los recursos sanitarios aún mermados tras la pandemia de COVID-19, la senadora ha denunciado que desde el Gobierno se han realizado contratos exprés, sobrecostes y adquisición de mascarillas inservibles, además de supuestas mordidas en diferentes operaciones relacionadas con el sector sanitario.

Supuestamente, la ministra actual, Mónica García, mantiene un silencio cómplice, buscando mantenerse en el cargo a toda costa, mientras que desde el PP se exige mayor transparencia y una gestión efectiva.

Romero ha cuestionado la existencia del Observatorio contra el Fraude Sanitario, del cual dice que no se conocen informes ni investigaciones relevantes.

Finalmente, la senadora ha criticado que esta ley llega en un momento en que el país atraviesa una crisis política y económica profunda, con un Gobierno que, según ella, ha renunciado a gobernar y solo se dedica a resistir.

La ley, en su opinión, solo busca comprar votos y mantener el poder, en un contexto donde supuestamente se han pactado medidas que favorecen a ciertos territorios en detrimento del resto del país, generando desigualdades en servicios públicos esenciales como sanidad y educación.

Romero ha concluido asegurando que España necesita una gestión seria, basada en la democracia y en la ética, y que es momento de llamar a unas elecciones para cambiar el rumbo y poner fin a lo que ella describe como una etapa de corrupción y descoordinación en el Gobierno.

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