Durante la reciente comparecencia del presidente de RTVE en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación, la secretaria general del Partido Popular, Macarena Montesinos, lanzó duras acusaciones contra la gestión de la televisión pública.

Supuestamente, Montesinos denunció que en RTVE se ha instaurado un sistema en el que las contrataciones y la programación están claramente influenciadas por intereses políticos y económicos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según supuestamente Montesinos, la contratación de productoras amigas del Gobierno ha aumentado significativamente en los últimos años, con el propósito de blindar contenidos y programas que favorecen la línea ideológica del Ejecutivo.

Además, afirmó que los sueldos de los presentadores y colaboradores clave se mantienen ocultos a la opinión pública, lo que genera una percepción de opacidad y corrupción en la gestión de la corporación.

Supuestamente, la dirigente del PP también criticó la presencia de presentadores que actúan como activistas políticos y expertos que siempre sostienen la misma postura favorable al Gobierno, contribuyendo a una evidente parcialidad en los contenidos.

Montesinos afirmó que en España, la actualidad la lidera la corrupción del PSOE y del Gobierno, pero gracias a las productoras afines, RTVE se ha convertido en un medio donde la deocultación, la parcialidad y la dependencia son la norma.

En su intervención, también se mencionó que la programación de RTVE ha sido utilizada para promover mensajes ideológicos y para silenciar voces críticas.

Como ejemplo, supuestamente, Montesinos señaló la contratación irregular de ciertos profesionales, como Silvia Intxaurrondo, cuya contratación a través de su sociedad supuestamente fue irregular, y que, en consecuencia, RTVE debería regularizar su situación laboral, pues la Inspección de Trabajo habría concluido que dicha contratación fue fraudulenta.

Supuestamente, estas prácticas ilícitas no solo perjudican la transparencia, sino que también generan un coste económico elevado para los españoles.

Montesinos afirmó que, mientras el Gobierno de Sánchez ha aumentado los impuestos en varias ocasiones, RTVE y sus contratos opacos contribuyen a un despilfarro que supera los 78 millones de euros, equivalentes a unos 86 millones de dólares, en un contexto donde la ciudadanía paga impuestos elevados.

Por otro lado, se criticó el gasto millonario en programas fracasados, como 'La familia de la Tele', y la creación de canales en regiones como Cataluña, que supuestamente responden a presiones políticas.

La gestión de los derechos deportivos también fue cuestionada, pues supuestamente, RTVE destina una parte significativa de su presupuesto, cerca de 180 millones de euros (aproximadamente 165 millones de euros en moneda local), a derechos que no se reflejan en una mejora significativa de su canal temático, que debería ser un referente del deporte en España.

Asimismo, las redes sociales de RTVE, según supuestamente la oposición, se han convertido en un altavoz del relato oficial del Gobierno, dejando de ser un servicio público imparcial y actuando como una extensión digital del Ejecutivo.

Esto, aseguran, pone en riesgo la credibilidad de la institución y viola su mandato de objetividad.

En conclusión, Montesinos reclamó una mayor transparencia en la gestión de RTVE y una reflexión profunda sobre el uso de recursos públicos, denunciando que las prácticas actuales favorecen a un grupo reducido en detrimento del interés general.

La situación, presuntamente, refleja una crisis de credibilidad en los medios públicos, que deberían ser garantes de la objetividad y la neutralidad en una democracia real.