El Partido Popular ha lanzado una ofensiva parlamentaria en ambas cámaras, Congreso y Senado, para exigir explicaciones urgentes sobre el uso de inmuebles públicos que, presuntamente, estarían vinculados a actividades ilícitas del suegro del presidente Pedro Sánchez.

En una iniciativa sin precedentes, la formación conservadora ha registrado una serie de preguntas dirigidas a esclarecer si estos bienes públicos han sido utilizados para actividades relacionadas con la prostitución, la explotación sexual o la trata de personas.

Las investigaciones internas y las denuncias ciudadanas han puesto en duda la gestión del patrimonio público en relación a estos inmuebles, que supuestamente habrían sido arrendados por MUFACE, la mutualidad de funcionarios civiles, a familiares del jefe del Ejecutivo.

La oposición exige que el Gobierno aclare qué criterios se han seguido para la revisión o renegociación de estos contratos y si se conocía el uso real que se les estaba dando.

En concreto, en el Congreso se han registrado 18 preguntas que buscan obtener detalles sobre los contratos de arrendamiento firmados por MUFACE respecto a estos inmuebles.

Además, se pide información sobre las medidas de control y supervisión que la entidad ha implementado para evitar desviaciones o usos irregulares, sobre todo en actividades relacionadas con la prostitución o la trata de personas.

La oposición también ha solicitado la comparecencia del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, para que brinde explicaciones sobre estos posibles abusos.

Supuestamente, algunos de estos bienes habrían sido utilizados por familiares del presidente en actividades que no corresponden a su destino original, lo que genera una gran preocupación en la opinión pública y en las instituciones democráticas.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, ha declarado que “la verdad puede ser dura, pero más aún es tener un Gobierno que contrata prostitutas con fondos públicos y está rodeado de corrupción”.

Por su parte, en el Senado, la portavoz Alicia García ha señalado que “existen muchos indicios que llevan a pensar a los españoles que el presidente Sánchez se aprovechó de recursos públicos para actividades ilegales vinculadas a la prostitución” y ha solicitado que se aclaren estos hechos sin demora.

El GPP en la Cámara Alta ha presentado una quincena de preguntas similares, en las que solicita detalles como el número de inmuebles actualmente alquilados, las condiciones de estos contratos, los arrendatarios y las fechas de las operaciones.

También pide información sobre los procedimientos internos de MUFACE para gestionar su patrimonio inmobiliario, si se han realizado auditorías o revisiones por parte del Tribunal de Cuentas, y si estos inmuebles están debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad.

Supuestamente, algunos de estos bienes podrían haberse adquirido en escrituras privadas sin la debida inscripción, lo que genera dudas sobre la legalidad y transparencia en la gestión del patrimonio público.

La oposición también quiere saber si ha habido transacciones recientes, como compras o ventas, con detalles sobre importes, fechas y partes involucradas.

En definitiva, el PP exige al Gobierno que dé una explicación clara y definitiva sobre estos inmuebles, su situación jurídica, su localización y su uso real.

La polémica se enmarca en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia la gestión pública y la lucha contra la corrupción, especialmente en un momento en el que España busca fortalecer su reputación internacional y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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