El Partido Popular ha puesto en jaque la gestión del Ministerio de Hacienda al denunciar que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supuestamente mira hacia otro lado ante las presuntas irregularidades ocurridas en el Tribunal Económico Administrativo Central.

Estas acusaciones llegaron durante la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda en el Senado, donde el senador popular por Aragón, Eloy Suárez, realizó duras declaraciones y preguntó directamente si se ha iniciado alguna investigación respecto a los supuestos pagos irregulares recibidos por el expresidente del Tribunal.

Supuestamente, estas irregularidades han sido publicadas por diversos medios de comunicación en los últimos meses, y el propio Suárez afirmó que el Ministerio de Hacienda parece haberse convertido en un muro de opacidad, mientras Montero, en su opinión, se pone en la misma línea de protección y no muestra interés en esclarecer los hechos.

El senador recordó que el Partido Popular ha solicitado en varias ocasiones cientos de documentos necesarios para investigar casos de corrupción que afectan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, y que, supuestamente, no ha recibido ni el 5% de la información solicitada.

Uno de los temas que ha levantado mayor polémica es el caso del IVA de las mascarillas durante la crisis sanitaria del COVID-19. Hace cinco años, se destapó una trama de corrupción relacionada con 163 millones de euros en concepto de IVA, en la que supuestamente estarían implicados altos cargos y familiares de políticos, incluido el hermano del propio presidente.

El senador Suárez criticó que, a día de hoy, todavía no se haya aclarado qué sucedió con esos fondos, y advirtió que estas dudas generan desconfianza en la gestión tributaria del Estado.

Supuestamente, los mecanismos de investigación en materia fiscal siguen siendo insuficientes para detectar y sancionar delitos relacionados con el fraude y la corrupción, especialmente cuando se utilizan sociedades instrumentales para ocultar el origen de fondos o se producen aumentos patrimoniales rápidos y no justificados.

El mismo Suárez cuestionó por qué la Agencia Tributaria no consideró al hermano de Sánchez como un caso prioritario de fraude fiscal, y si se realizaron verificaciones formales ante los cambios frecuentes en su domicilio entre España y Portugal.

En este contexto, el Partido Popular también criticó la gestión del IRPF por parte del Gobierno y advirtió que la posible creación de una Agencia Tributaria Catalana sería un paso atrás en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Según supuestamente el propio secretario de Estado, esta medida podría suponer una pérdida de control y eficacia en la supervisión tributaria, y en opinión del PP, la Generalitat de Cataluña no está en condiciones de gestionar estos impuestos con la misma eficacia que el Estado.

Supuestamente, la falta de transparencia y la opacidad en la gestión de fondos públicos, junto con las sospechas de irregularidades en organismos clave como el Tribunal Económico, siguen alimentando la percepción de que el Gobierno de Sánchez no actúa con la transparencia y contundencia que la ciudadanía exige.

El Partido Popular ha reiterado su compromiso de seguir investigando y exigiendo respuestas para garantizar que los recursos públicos se gestionen de forma clara y eficaz, y para que los responsables de posibles delitos sean llevados ante la justicia.