El Partido Popular ha sacado a la luz una serie de presuntas irregularidades en la adjudicación de la importante obra de los túneles de Belate, ubicada en Navarra, y ha señalado que el Gobierno autonómico, liderado por la socialista María Chivite, presuntamente habría obstruido la justicia en este caso.

La denuncia fue realizada tras la comparecencia del secretario de la Mesa de Contratación de dicha obra, Lorenzo Serna, en una Comisión de Investigación del Senado centrada en el caso Koldo-PSOE, una jornada que puso de manifiesto las posibles tramas corruptas que habrían empezado en Navarra hace ya varios años.

Supuestamente, en su testimonio, Serna explicó que varios funcionarios de la Mesa de Contratación habrían detectado anomalías en el proceso de licitación, incluyendo discrepancias y votos particulares que no fueron debidamente explicados.

Estos votos, que en la mayoría de los casos fueron firmados por altos cargos como el interventor y el secretario de la mesa, habrían sido enviados al consejero de Cohesión Territorial de Navarra, quien además resulta ser el tío de María Chivite.

Sin embargo, presuntamente, estas alertas no habrían sido tomadas en cuenta por las autoridades, que habrían hecho oídos sordos a las denuncias.

El funcionario también afirmó que personas ajenas a la mesa de contratación habrían accedido a las ofertas y realizado comentarios sobre ellas, lo cual, en su opinión, podría constituir una manipulación grave del proceso.

Además, Serna aseguró que se presentaron escritos de observaciones y salvedades tanto al Parlamento como a la Oficina Anticorrupción, pero que, si las partes implicadas estaban colaborando con el Gobierno, dichas irregularidades no habrían llegado a la justicia, lo que habría impedido que se pudiera declarar la nulidad del contrato.

Uno de los puntos más controvertidos fue la manera en que se modificaron las puntuaciones en la votación final. Según el relato de Serna, el presidente de la Comisión no votó hasta conocer la valoración del resto, y posteriormente cambió su voto, en contra de lo establecido en las normas, que indican que su voto debe tener la misma validez que el de los otros miembros en caso de no haber empate.

Supuestamente, esto fue aprovechado para favorecer a la empresa de Santos Cerdán, una pequeña constructora en el punto de mira por presuntas mordidas a cambio de contratos.

El PP denuncia que, en realidad, la adjudicación de los túneles de Belate fue un auténtico ‘dedazo’, un proceso viciado y manipulado para beneficiar a ciertos intereses.

El senador José Manuel Balseiro afirmó que estas irregularidades apuntan a una forma de actuar que, presuntamente, favoreció a una trama que podría estar vinculada a figuras de alto nivel, incluyendo a Santos Cerdán y otros personajes de la política y la construcción en Navarra.

Supuestamente, el caso también revela que el Gobierno navarro llegó a aprobar varias leyes para evitar que el presidente de la Mesa de Contratación se jubilara, con la finalidad de que su voto fuera decisivo para la adjudicación.

Además, se ha denunciado que el secretario de la mesa fue sancionado con un destino que no correspondía a su experiencia, en lo que también se considera una represalia por su discrepancia en este proceso.

En sus declaraciones, Balseiro destacó que la obra de los túneles de Belate, considerada la infraestructura pública más importante de la década en Navarra, podría estar envuelta en una trama de corrupción que involucra a la empresa Servinabar, controlada por Santos Cerdán, y a otros actores políticos.

La pequeña constructora, presuntamente, habría obtenido contratos a cambio de sobornos en un triángulo del que supuestamente formarían parte figuras como Koldo Cerdán y José Antonio Ábalos.

El senador concluyó señalando que, en su opinión, todos los caminos llevan a una posible implicación de altos niveles del Gobierno central y autonómico, en una trama que, según supuestamente, sería más profunda de lo que parece y que, en última instancia, podría extenderse hasta la Moncloa.

La denuncia del PP pone en duda la transparencia y legalidad del proceso, y pide una investigación exhaustiva para esclarecer las posibles responsabilidades en este presunto caso de corrupción en Navarra.