Durante una reciente interpelación en el Congreso, la secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, acusó duramente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a la empresa Servinabar de ser los principales centros operativos en lo que supuestamente sería una red de corrupción vinculada al gobierno de Pedro Sánchez.

Según Gamarra, estas instituciones actúan como las 'cajas de resistencia' que sostienen toda la trama del presunto entramado corrupto que, presuntamente, ha estado en marcha durante años y que, supuestamente, ha involucrado a múltiples cargos políticos y empresariales.

Gamarra afirmó que la SEPI, controlada por el Estado, ha sido utilizada para realizar contrataciones escandalosas y operaciones financieras poco transparentes.

Como ejemplo, mencionó que la sobrina de un ex alto cargo de Ábalos, Jésica, fue contratada por Tragsatec, una filial de la SEPI, con indicios que presuntamente apuntan a cohecho y tráfico de influencias.

Además, citó casos de contrataciones en Correos y Enusa, donde se habrían pagado sueldos superiores a los 120.000 euros, equivalentes a aproximadamente 130.000 euros en moneda europea, a personas que, supuestamente, maniobraban contra las instituciones de justicia y los órganos de investigación.

Supuestamente, uno de los casos más llamativos es la participación de la SEPI en el rescate de Air Europa, operación que, según fuentes no confirmadas, podría haber estado influenciada por intereses personales de ciertos políticos y empresarios cercanos al Ejecutivo.

Gamarra se preguntó si fondos europeos, por un valor cercano a los 750 millones de euros, destinados a la recuperación económica, habrían sido utilizados con fines distintos a los previstos, y si la supervisión por parte del Ministerio de Hacienda habría sido adecuada.

La parlamentaria también recordó que, en el pasado, estas instituciones han estado en el centro de escándalos similares, como los casos de corrupción en los ERE de Andalucía.

En su discurso, Gamarra señaló que, mediante la contratación en empresas públicas, el Gobierno supuestamente ha favorecido a allegados, pagando sueldos millonarios a personas relacionadas con la formación del Partido Socialista.

En este sentido, afirmó que el gasto en esas contrataciones podría superar los 900 millones de euros, unos 972 millones de euros en moneda europea, y que la mayoría de estas operaciones carecían de controles efectivos.

Asimismo, la líder popular criticó que figuras como Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y actualmente imputado en el juicio por el escándalo de Aznalcóllar, hayan sido contratados en empresas relacionadas con Servinabar tras su salida de la institución pública.

Supuestamente, Fernández fue obligado a dimitir por su implicación en delitos que aún están bajo investigación, pero presuntamente encontró acomodo en otras empresas, lo que evidencia, según Gamarra, la red de intereses y favores que habría estado operando.

Por otro lado, supuestamente, también se habría utilizado la protección política para cerrar investigaciones y silenciar a los críticos, además de que las reformas normativas promovidas por el Gobierno habrían tenido como finalidad, presuntamente, facilitar estas maniobras y proteger a los implicados.

Algunos analistas históricos consideran que estas prácticas no son nuevas en la política española, recordando casos similares en la época del PSOE en Andalucía y en otros gobiernos regionales, donde la corrupción sistémica ha sido una constante.

En conclusión, Gamarra advirtió que si el Gobierno no ofrece explicaciones claras y transparentes ante el Congreso, estas investigaciones podrían avanzar en los tribunales, donde, presuntamente, muchas de estas operaciones estarían siendo revisadas por la justicia.

La dirigente popular aseguró que su partido continuará exigiendo responsabilidades y luchando contra lo que describió como la 'corrupción sistémica del sanchismo', que, según su opinión, ha puesto en jaque la credibilidad de las instituciones públicas en España.