La Vicepresidenta y Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha expresado su desacuerdo con los cambios en la financiación del 'Plan Corresponsables' por parte del Ministerio de Igualdad.

La nueva normativa establece que las comunidades autónomas deben asumir el 25 % del coste total del programa para poder recibir los fondos, un requisito que Castilla y León considera injusto y que constituye un recorte en la inversión en políticas sociales.

El 'Plan Corresponsables', lanzado en 2018 con el objetivo de promover la igualdad en el ámbito familiar y laboral, busca facilitar la conciliación de la vida personal y profesional, fomentando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos.

Desde su inicio, la Junta de Castilla y León ha mantenido una inversión cercana a los 15 millones de euros anuales para su ejecución, una cifra que ha permitido ampliar servicios y programas de apoyo a las familias en la región.

Sin embargo, en 2025, el presupuesto destinado por el Gobierno central para este plan se redujo de 15,4 millones a aproximadamente 11,6 millones de euros, lo que supone una disminución significativa y ha obligado a las comunidades a buscar recursos adicionales.

En el caso de Castilla y León, la Junta ha anunciado que aportará 4 millones de euros, equivalentes a unos 3,7 millones de euros, para mantener la continuidad del programa en las mismas condiciones que en años anteriores.

Esta decisión se produce en un contexto en el que las comunidades autónomas vienen reclamando mayor participación en la gestión y financiación de políticas sociales, en línea con principios de cogobernanza.

La reciente Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada para abordar estos temas, concluyó con la abstención de Castilla y León, que rechaza la imposición del 25 % y la obligación de cofinanciación, pero reconoce la necesidad de seguir ejecutando el plan para no perjudicar a las familias.

La vicepresidenta ha señalado que la medida representa otro recorte más del Gobierno de Pedro Sánchez, en un momento en el que la Junta continúa incrementando sus propios recursos en igualdad y conciliación.

Este tipo de recortes no es un fenómeno aislado. Desde la crisis económica de 2008, el gasto en políticas sociales en España ha sufrido altibajos, con recortes en áreas como la educación, la sanidad y la protección social.

La inversión en igualdad, en particular, ha sido objeto de controversia, ya que su impacto directo en la reducción de desigualdades y en la mejora de la calidad de vida de las familias es ampliamente reconocido.

La reducción presupuestaria del 'Plan Corresponsables' refleja una tendencia en la que el Gobierno central prioriza el ahorro a corto plazo sobre la inversión social a largo plazo.

A pesar de estos obstáculos, Castilla y León ha manifestado su compromiso de seguir invirtiendo en igualdad. La Junta ha informado que continuará destinando fondos propios para garantizar la continuidad de programas que fomenten la corresponsabilidad y la conciliación laboral y familiar, en línea con su objetivo de avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

La situación evidencia las tensiones existentes entre las administraciones en la gestión de políticas sociales y la necesidad de buscar un equilibrio que permita proteger a las familias y promover la igualdad en todos los ámbitos.