Buenos Aires, miércoles 14 de enero de 2026. Gobierno Nacional y el de la Ciudad firmaron un acta de entendimiento destinada a avanzar en la entrega de la nueva cárcel federal que se está construyendo en Marcos Paz, con la expectativa de que la transferencia se concrete durante el primer cuatrimestre de este año y, a la vez, desocupe Villa Devoto.

La operación, según el documento, prevé traspasar la gestión de la infraestructura a la órbita de la Nación, en un interés común por optimizar la capacidad de alojamiento de personas privadas de libertad y descomprimir servicios policiales y administrativos.

La Nación y la Ciudad sostienen que el objetivo central es aumentar la cantidad de plazas disponibles y descomprimir las comisarías y alcaidías de la ciudad, donde la sobrepoblación y la falta de espacio han sido temas recurrentes durante años.

En ese marco, la cárcel de Marcos Paz aparece como pieza clave para reorganizar el sistema penitenciario, al alinearse con estándares técnicos, de seguridad, y de tratamiento penitenciario previstos por la normativa vigente.

La cárcel de Marcos Paz contará con una capacidad para 2.240 presos y deberá cumplir con requisitos técnicos y de habitabilidad tanto a nivel nacional como internacional. Con la entrega de esa prisión se desocupará la cárcel de Villa Devoto, de acuerdo con los convenios firmados entre ambas jurisdicciones en 2018. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del complejo federal y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinados al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.

El acta fue suscrita por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y por el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En la práctica, este marco impulsa una coordinación más estrecha entre Nación y Ciudad para ordenar la ubicación de las personas privadas de libertad y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal.

Este miércoles, Macri supervisó el avance de las obras en el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz, evidenciando el progreso de una obra que, según su evaluación, está “casi lista” para la transferencia.

Según el Jefe de Gobierno, la entrega de la cárcel de Marcos Paz permitiría trasladar a los detenidos que hoy permanecen en Villa Devoto y avanzar en el cierre de esa instalación, un objetivo que ha sido reclamado históricamente por los vecinos del barrio.

Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el de Justicia, Gabino Tapia.

Los trabajos en Marcos Paz estuvieron parados durante cinco años y se reanudaron en diciembre de 2024, durante la gestión actual de la Ciudad. El complejo, que ocupa un predio de 80 hectáreas, contará con cuatro unidades, un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus destinado a los módulos de alojamiento, con canchas de fútbol y huertas.

AVANZAMOS PARA CERRAR LA CÁRCEL DE DEVOTO. RECLAMO HISTÓRICO DE LOS VECINOS. Para lograrlo estamos finalizando la construcción de la cárcel de Marcos Paz que fue abandonada por la gestión anterior de la Ciudad. Este avance se logra en conjunto y en acuerdo con el Gobierno… pic.twitter.com/DGNf7buATJ — Jorge Macri (@jorgemacri) January 14, 2026.

Presuntamente, la implementación de este acuerdo podría tener efectos positivos en la reducción de la presión sobre las comisarías y en la eficiencia operativa del sistema penitenciario, aunque los detalles finales, como el costo total y el calendario exacto de transferencia, no han sido publicados de forma completa y están sujetos a aprobaciones administrativas.

En el plano histórico, la decisión se inscribe en una estrategia más amplia de reorganización de la seguridad y la rehabilitación en la región metropolitana, con un énfasis en la modernización de infraestructuras y la mejora de las condiciones de alojamiento y tratamiento para las personas privadas de libertad.

Si bien la logística de traslado y el cronograma dependen de múltiples factores, el acuerdo actual marca un punto de inflexión en la relación entre Nación y Ciudad para resolver un problema estructural de larga data y avanzar hacia una gestión penitenciaria más centralizada y eficiente.