La ciudad de Buenos Aires continúa fortaleciendo su marco de protección de datos personales a través de una serie de encuentros y debates que reúnen a actores del sector público, la sociedad civil y expertos internacionales.

Presuntamente, estos esfuerzos buscan adaptarse a los cambios tecnológicos y normativos que impactan en la gestión de información sensible en la era digital.

El pasado 11 de diciembre, en la emblemática Casa de Gobierno, se llevó a cabo el tercer encuentro del Foro de Gobierno Abierto (FOGA), evento que reúne a especialistas, representantes de organizaciones civiles y autoridades de los tres poderes del Estado.

El objetivo principal fue analizar los desafíos actuales que presenta la Ley 1.845 de Protección de Datos Personales y buscar estrategias para fortalecer su implementación. Esta ley, que supuestamente fue inspirada por normativas internacionales y adaptada a las particularidades argentinas, regula el manejo y la resguardo de datos sensibles en el ámbito público y privado.

Este encuentro forma parte de un compromiso asumido por la Ciudad en el Marco del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, cuya implementación está a cargo de la Dirección General de Acceso a la Información y Gobierno Abierto (DGAIGA).

Desde junio de 2025, el equipo técnico de la DGAIGA ha estado realizando un exhaustivo relevamiento y análisis normativo, además de evaluar experiencias internacionales en protección de datos.

La convocatoria para este último evento del año fue una oportunidad para sumar insumos y propuestas que puedan enriquecer la normativa local.

Entre los asistentes, figuraron representantes del Poder Legislativo, como la Subsecretaría de Gobierno Abierto y la Oficina de Políticas Informadas en Evidencias, además del órgano garante del derecho de acceso a la información.

Desde el Poder Judicial, participaron miembros del Tribunal Superior de Justicia, mientras que organizaciones civiles como la Thomson Reuters Foundation, Civic House y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también aportaron sus perspectivas.

Uno de los temas centrales fue la tensión existente entre la protección de datos y la necesidad de acceso a la información pública, un debate que ha sido recurrente en otros países con avances en transparencia y derechos digitales.

Además, se discutieron aspectos relacionados con la seguridad informática, la transferencia de datos entre jurisdicciones y el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de información personal.

Supuestamente, uno de los desafíos más relevantes es cómo garantizar la protección de datos de grupos vulnerables, como niños, niñas, adolescentes y personas mayores.

La regulación actual, que en algunos casos no contempla adecuadamente estos segmentos, requiere una revisión integral para adaptarse a las tecnologías emergentes, incluyendo el uso de datos biométricos y decisiones automatizadas.

Durante el debate, se propusieron buenas prácticas y futuras iniciativas que podrían implementarse para mitigar estos desafíos. La ciudad de Buenos Aires, según supuestamente fuentes oficiales, busca convertirse en un referente en protección de datos en América Latina, alineándose con estándares internacionales y promoviendo una gobernanza de datos transparente y responsable.

Este primer espacio de diálogo abierto y colaborativo, que se espera continúe en 2026 con nuevos encuentros, refleja la voluntad de Buenos Aires de afrontar los retos digitales de manera participativa y multiactor.

La protección de datos personales, considerada por algunos expertos como un derecho fundamental en la era digital, es vista por la administración como una prioridad para garantizar la privacidad y la confianza de sus ciudadanos.

En términos económicos, aunque no se especificaron costos exactos, presuntamente estos procesos implican inversiones relevantes en capacitación, infraestructura tecnológica y asesoramiento internacional, que en euros podrían equivaler a decenas de miles de euros.

Sin embargo, estos gastos son considerados por las autoridades como esenciales para fortalecer la gobernanza digital y proteger los derechos ciudadanos en un contexto cada vez más interconectado.